- Pobladores de Pueblo Nuevo y Dipilto quedan sin único documentos de identificación ciudadana
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
El presidente departamental del Consejo Electoral Departamental (CED), Antonio Benavides, confirmó que las cédulas de identificación ciudadana de seis mil habitantes caducaron en el municipio de Pueblo Nuevo. Estas personas, junto a pobladores de Dipilto, Nueva Segovia, fueron los primeros en recibir los documentos públicos en un plan piloto en el período 1991-1992.
“Eso implica la renovación de cédulas y el Consejo Supremo Electoral tiene que dictar disposiciones administrativas y técnicas al respecto”, dijo Benavides.
Sobre el caso de Pueblo Nuevo, Benavides explicó que la Ley de Identidad Ciudadana obliga al Estado a la renovación de ese documento público que identifica a los ciudadanos nicaragüenses para el ejercicio del sufragio y para los demás actos que determinen las leyes de la República.
“Es una obligación del Estado cambiar las cédulas, puesto que el ciudadano no podrá realizar trámites y operaciones administrativas, si no es con la cédula de identidad ciudadana”, reiteró.
Para evitarle inconvenientes a los ciudadanos, el Consejo Supremo Electoral (CSE) otorga una constancia por un período de 45 días y si a la fecha continúa sin recibir su cédula, se le extienden nuevos documentos temporales.
REGISTROS DESASTROSOS
Benavides reafirmó que los Registros Civiles de las Personas de las Alcaldías Municipales de San Juan de Limay, San Nicolás y Pueblo Nuevo “son un desastre”, porque los alcaldes han despedido al personal especializado en la materia, por motivos partidarios.
Benavides dio a conocer que el alcalde de Pueblo Nuevo, Nicolás Rosales, despidió a Eneyda Valladares, a quien consideró una de las mejores registradoras de Nicaragua, lo que provocó serios errores en el Registro Civil de las Personas de ese municipio.
Expresó que lo mismo ocurre con los Registros Civiles de las Personas de San Nicolás y San Juan de Limay.
“Los alcaldes deberían preocuparse por garantizar una mejor administración de los Registros Civiles de las Personas y no verlos solamente como fuente de ingreso, sino como un asunto jurídico de los ciudadanos”, señaló.
