Gabriela Roa Romero [email protected]
La Red de Alcaldes Amigos y Defensores de las niñas y niños rechazó las propuestas de reformar y suspender el Código de la Niñez y la Adolescencia, introducidas ante la Asamblea Nacional durante un encuentro con la Procuraduría Especial de la Niñez para debatir este tema.
En un pronunciamiento, los alcaldes expresaron: “Consideramos no válida una de las razones expuestas como justificación, como es la inseguridad ciudadana, la cual no deviene por los delitos cometidos por adolescentes de 13 a 15 años, y no será encarcelándolos que resolveríamos ese grave problema que todos sabemos tiene su origen en la pobreza y el desamparo de miles de familias nicaragüenses”.
Por tanto, los alcaldes proponen la asignación inmediata de recursos económicos para aplicar plenamente el Código que manda a invertir en educación, salud y recreación para los menores.
Además, sugieren la implementación de un Plan de Concreción gradual del Código de la Niñez apoyado con presupuesto, dirigido por el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Conapina), y supervisado por la Presidencia.
Erwin de Castilla, Alcalde de Juigalpa y vicecoordinador nacional de la Red de Alcaldes Amigos y Defensores de la Niñez, aseguró que varios ediles se encuentran trabajando en identificar la situación de la niñez en cada uno de sus municipios para definir acciones específicas.
Entre estas acciones mencionó audiencias con el propio Presidente de la nación, con los diputados “para solicitarles los diez millones de dólares de la venta de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y exigirles el uno por ciento del Presupuesto Nacional para atender los problemas de la niñez”, comentó.
Por su parte, Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez, aseguró que el Código no establece impunidad, sino un procedimiento penal especial para adolescentes.
“El Código establece que si un adolescente comete un delito se le debe procesar, pero respetándole sus garantías, y se le debe condenar, si es culpable, de acuerdo con la edad y el tipo de delito”, explicó.
Mencionó que hay avances “tímidos” en la aplicación del Código, como la creación de dos juzgados penales de adolescentes, uno en Managua y otro en Ciudad Darío, y la habilitación de seis juzgados ubicados en cabeceras departamentales para que lleven causas de adolescentes.
Pero los avances no son suficientes, y antes que reformarlo o suspenderlo, lo importante, según López es destinar recursos para aplicarlo a plenitud.
Según UNICEF se necesitan unos nueve millones de dólares para crear la infraestructura que plantea el Código.
