- Edil podría ser capturado por retener bienes subastados que mantiene ocultos en oficinas cerradas
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
El secretario del Concejo de Pueblo Nuevo, Álvaro Enrique Sevilla Díaz, aseguró que en la Alcaldía únicamente cerraron tres oficinas para evitar que equipos de computación, subastados el 6 de mayo pasado, sean entregados a ex trabajadores que embargaron bienes municipales. Pero está brindando atención a la población.
El alcalde de Pueblo Nuevo, Nicolás Rosales, informó que el Concejo, había ordenado el cierre total de la Comuna por un período de 15 días, a causa de la crisis económica que atraviesan las alcaldías segovianas.
Sin embargo, Álvaro Enrique Sevilla Díaz, secretario del Concejo, aclaró que todas las dependencias de la Alcaldía de Pueblo Nuevo están abiertas, salvo la oficina del alcalde, área de proyecto y Secretaría del Concejo, que es donde se hallan los equipos subastados.
“Nosotros mantenemos abiertas las áreas más importantes de la Alcaldía como Atención al Público, Registro Civil de las Personas, Registro de Ganado, Catastro y Recaudación de Impuestos”, expresó el concejal liberal.
Sevilla Díaz, señaló que la medida de cerrar las tres oficinas es con el fin de proteger los equipos de computación, dado que la Juez de Distrito de lo Civil de Estelí, Mercedes Jirón envió una Cédula Judicial que ordenaba el traslado de los bienes al citado juzgado para ser entregados a los demandantes.
ADJUDICAN BIENES A TRABAJADORES
El 6 de mayo pasado, la Juez Jirón, subastó dos camionetas doble cabina marca Toyota, tres computadoras con sus accesorios, incluyendo impresoras, así como una fotocopiadora, un televisor con su VHS y una encolochadora.
Como a la subasta no se presentaron postores, los bienes fueron adjudicados a los trabajadores demandantes, Reinaldo Gámez Camas, Juana Olivas Flores y Mirtha Rizo Zeledón.
Los demandantes esperaban que los bienes les serían entregados el jueves 13 de junio, pero el Concejo de Pueblo Nuevo mandó a cerrar las tres oficinas para evitar su traslado a la ciudad de Estelí y ser entregados a los cuatro ex trabajadores para saldar una deuda de más de 11 mil dólares, en concepto de indemnización y prestaciones sociales.
Los miembros del Concejo, alertaron a Rosales, que si entrega los bienes subastados, deberá de responder por los mismos, ante la Contraloría General de la República, mientras que la Juez Jirón advirtió que si se queda con ellos podría ser llevado a prisión, porque las dos camionetas y computadoras ya no pertenecen a la Alcaldía de Pueblo Nuevo.
Ante el cierre de las tres oficinas donde se hallan ocultos los bienes subastados, el Concejo de Pueblo Nuevo mandó de vacaciones al personal que allí laboraba.
COSTO DE DESPIDO MASIVO
La crisis de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, se originó cuando los sandinistas perdieron las elecciones municipales y entonces el alcalde liberal Nicolás Rosales, hizo un despido masivo de trabajadores, sin contar con los fondos suficientes para la cancelación de indemnizaciones y prestaciones sociales.
PIDEN APREMIO CORPORAL
Los demandantes pidieron orden de captura contra el alcalde Nicolás Rosales, por desacato a la autoridad, sin embargo, la Juez de Distrito de lo Civil resolverá hasta el próximo lunes.
El alcalde Nicolás Rosales llegó escandalizado este jueves a la ciudad de Estelí, informando a periodistas que había cerrado la Alcaldía e incluso se amparó ante el Tribunal Regional de Apelaciones porque supuestamente había orden de captura en su contra.
“En ningún momento he girado orden de captura en su contra, lo que he recibido es un escrito de la parte demandante que pide apremio corporal, pero yo fallaré la solicitud hasta el próximo lunes”, ratificó la Juez Mercedes Jirón.
El alcalde Rosales sostiene que el embargo y la subasta de los bienes es ilegal en contraposición a lo establecido en el marco jurídico de Nicaragua, no obstante, la doctora Jirón afirma que en todo el país hay embargos a las Alcaldías en base a una ley que data de 1945.
La judicial declaró que Rosales durante el proceso laboral asumió el compromiso de cancelar las indemnizaciones y prestaciones sociales a los trabajadores que despidió, pero después se negó a cumplir lo expresado en el Juzgado de Distrito de lo Civil.
