- No soportan crisis y para remate trabajadores despedidos ganaron una demanda de más de 11 mil dólares y amenazan con retirar bienes embargados
- Alcalde y concejales tomaron la decisión de paralizar los servicios por 15 días
Martha Marina GonzálezCOLABORADORA/PUEBLO [email protected]
Agobiados por la crisis económica y las presiones de varios trabajadores que embargaron algunos bienes de la comuna de Pueblo Nuevo, el Concejo encabezado por el alcalde Nicolás Rosales, decidió cerrar la Alcaldía por un período de 15 días.
La medida adoptada por los concejales y el alcalde se tomó a las tres de la tarde del miércoles para hacerla efectiva a partir del mediodía de ayer; desde ese momento las puertas permanecen cerradas y nadie responde a las llamadas por teléfono.
El alcalde de Pueblo Nuevo enfrenta una demanda de varios trabajadores que fueron despedidos y están reclamando en concepto de indemnización ocho mil dólares más los costos del juicio, que suman más de once mil dólares.
El juicio lo ganaron los demandantes y la judicial Mercedes Elisa Jirón embargó vehículos y equipos de computación, que fueron subastados, pero nadie los adquirió.
TRABAJADORES RECHAZAN NEGOCIACIÓN
Rosales aseguró que ha tratado de llegar a un acuerdo con los demandantes, pero éstos se han negado.
El edil consideró la demanda “injusta, puesto que son indemnizaciones millonarias: más de cien mil córdobas cada una. Tenemos unos materiales y algunos vehículos, los cuales podríamos vender para pagarles”.
En ese sentido, aclaró que en vista de que hay una demanda “no podemos proceder a la venta. Les dijimos que si levantan el embargo procedemos a la venta y de esa manera pagarles”, pero los ex empleados son intransigentes, justificó el alcalde de Pueblo Nuevo.
PRESIÓN JUDICIAL
El Concejo se reunió de manera extraordinaria debido a que la juez del Distrito de lo Civil, Mercedes Elisa Jirón, mandaría a que fueran entregados los bienes de la comuna que fueron embargados, producto de una demanda laboral de algunos trabajadores.
El alcalde, Nicolás Rosales, aseguró que en una reunión que sostuvieron los ediles con representantes de la Contraloría General de la República recibieron indicaciones de no entregar ningún bien de la comuna porque son inembargables y no pueden desconocer la ley de este país.
Rosales expresó que el cierre de la comuna no sólo se debía a las amenazas de la juez de mandar a retirar los equipos embargados, sino que también por la grave situación económica que vive el gobierno local.
