Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/[email protected]
La barra de abogados de Rivas envió a la Procuraduría General de Justicia una comunicación en la cual exponen los retrasos en algunos juicios ocasionados por la falta de un procurador en esta ciudad, muchos de estos casos están engavetados precisamente porque no existe persona asignada al momento que se requiera su intervención como representante del Estado.
Noel Ibarra, presidente de la barra de abogados en Rivas, indicó que la presencia de un procurador es fundamental “porque es el que representa al Estado de Nicaragua y tiene que mostrarse parte de todos lo juicios de orden civil y si no hay los juicios no avanzan”.
ENVÍAN EXHORTOS A MANAGUA
Ibarra indicó que muchos juicios están detenidos porque no hay un procurador de justicia y que la única alternativa que han encontrado es enviando “exhortos a Managua para notificar al Procurador General de la República”.
Según el presidente de la barra de abogados, eso “obliga” a los litigantes y a las partes a incurrir en gastos y a demorar los juicios.
La comunicación enviada al Procurador General indica que los abogados y población en general viven “una precaria situación legal y judicial” por falta del procurador departamental.
Indica que desde enero de este año la población rivense se encuentra afectada en “sus derechos correspondientes a la tramitación de juicios de jurisdicción voluntaria y que redundan en contra de sus intereses y su economía en general”.
Además de solicitar al Procurador General el pronto nombramiento de un procurador departamental, la barra de abogados propone una terna de abogados que a su criterio podrían ser merecedores del cargo.
CONSECUENCIAS
La falta de un procurador departamental no sólo ha causado retraso en los casos que se ventilan en los juzgados (donde se necesita su intervención), sino que ya se ha visto reflejado en las mismas sentencias de algunas judiciales.
El hecho más reciente se produjo luego que la Policía de este departamento remitiera al Juzgado de Distrito del Crimen de esta ciudad un caso de abigeato, donde presuntamente se había perdido ganado asignado por el Programa de Repoblación Ganadera, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
Luego de todo un proceso, finalmente en la sentencia de la judicial se dio un sobreseimiento definitivo a los ocho procesados que eran señalados como presuntos responsables de este delito.
Uno de las principales consideraciones de la juez fue precisamente que no hubo la declaración del procurador departamental de justicia en este caso, quien de conformidad con la ley es el representante del Estado, quien tenía que darse por ofendido en este proceso.
