- El gobierno advierte que podría imponer su ajuste tarifario del 8.31 por ciento mientras los españoles hablan de recurrir a un tribunal de arbitraje
- En el contrato quedó amarrado que cualquier desacuerdo sería resuelto en un arbitraje en Miami
Mayda Isabel Meléndez y Moisés Martí[email protected]
El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) podría imponer a Unión Fenosa un pliego tarifario, si la empresa española no presenta sus propuestas a más tardar el próximo 30 de junio, advirtió Octavio Salinas, presidente ejecutivo del ente regulador.
En tanto, de manera extraoficial, LA PRENSA conoció que ante la falta de un acuerdo entre Unión Fenosa y el Gobierno de Nicaragua sobre el porcentaje del incremento de energía, la trasnacional española amenazó con un arbitraje internacional para llegar a un consenso sobre esta problemática.
El gobierno mantiene que el alza de la energía no debe superar el 8.31 por ciento en promedio y que los sectores más pobres no deben sufrir más del cinco por ciento de incremento, mientras que Unión Fenosa ha demandado hasta un 31.5 por ciento de aumento.
Si el gobierno llega a imponer su tarifa, Unión Fenosa podría recurrir al arbitraje contemplado en el contrato. La resolución del arbitraje bien podría beneficiar a la empresa española.
El secretario ejecutivo del Comité de Privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), Abdel Karim, explicó que el arbitraje internacional es una opción en el contrato de Unión Fenosa con el gobierno de Nicaragua y estaría a cargo de la Cámara Internacional de Comercio, la cual tiene su sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
“El contrato establece que si luego de 30 días no hay acuerdo entre las partes sobre el porcentaje de incremento, entonces se acudiría a la Cámara Internacional de Comercio. Sin embargo, el laudo arbitrario que se vaya a emitir tiene que ser de acuerdo con las leyes de Nicaragua”, aclaró Karim. El contrato entre Unión Fenosa y el Gobierno de Nicaragua no ha sido dado a conocer públicamente.
Por su parte, Salinas recordó que “la fecha fatal que ha dado el gobierno para poder mantener las tarifas actuales es el 30 de junio. Si para esa fecha Unión Fenosa no presenta un pliego tarifario que cumpla las condiciones, nosotros, que sabemos los costos, entonces establecemos un pliego tarifario de oficio”, dijo.
Recalcó que una vez dictaminada la política tarifaria, la Comisión (el gabinete económico) se lo informa al INE y se lo informa a los agentes del mercado, entre los cuales se encuentra Unión Fenosa.
“Unión Fenosa puede decir ‘no acepto estas condiciones porque va contra mis intereses’, entonces nosotros sí tenemos la obligación de establecer el pliego tarifario de acuerdo con los costos y de acuerdo con la política”, dijo Salinas.
GENERADORAS SE LLEVAN EL PAQUETE
Octavio Salinas explicó que un pliego tarifario está formado por dos elementos: los costos regulados por el INE y la política tarifaria. Además indicó que el “sujeto” más notorio al hablar del reajuste, es Unión Fenosa por ser la que lleva el recibo a los consumidores.
No obstante, a la empresa española sólo le pertenece un 7 por ciento del reajuste y el 93 por ciento restante pertenece a las empresas generadoras de energía. En este caso, se incluirían Hiberdrola, Hidrogesa, Enron y Coastal Power.
También existen dos tipos de generadores de energía, y según Salinas son los que tienen un contrato y los “de ocasión”, es decir, los que se mueven en el mercado libre.
Los de contrato tienen obligaciones y derechos, por lo tanto tienen la obligación de suministrar y tener potencia a un precio reconocido por el acuerdo, y acorde al costo del combustible. Los agentes libres, generalmente ponen precios menores para poder competir, y también está la energía importada, que obviamente debe tener precios menores a los de Nicaragua.
