Mayda Isabel Meléndez [email protected]
La “improvisación”, la falta de claridad y la prisa del Gobierno por presentar sus reformas tributarias antes de que termine el año fiscal el próximo 30 de junio, son las principales debilidades en la propuesta de reforma del Ejecutivo, declaró Julio Francisco Báez, especialista en Derecho Tributario.
Contrario a las recientes declaraciones de Róger Arteaga, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien aseguró que la propuesta de reformas fiscales había sido consensuada con el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes) y que este organismo inclusive había introducido sus reformas y propuestas.
Báez dijo que esto no ha sido suficiente. Pues según él, al Conpes sólo le mostraron el proyecto de reformas, pero no se discutió a profundidad.
“Y la experiencia nos enseña que en nuestro país toda propuesta inconsulta tiene un frenazo en la Asamblea Nacional y allí puede surgir algo completamente diferente a los objetivos de la propuesta”, indicó Báez.
Por otra parte, Báez estimó que el objetivo de la moción es muy estrecho por ser estrictamente recaudatorio. A su entender, esto se debe a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso “una pistola en la sien del gobierno”, para que éste aumente los ingresos en 500 millones de córdobas.
Báez advirtió que sería muy peligroso que el gobierno intentara recuperar el tiempo perdido en lo que va del presente año, por medio de una ley fiscal. “No estoy diciendo que lo va a hacer, pero digo que sería muy peligroso que lo hiciera”, aclaró.
SOLUCIÓN EN DOS FASES
El especialista propone que la reforma tributaria se realice mediante la ejecución simultánea de lo que llamó “dos grandes momentos”: la etapa ejecutiva y la etapa legislativa.
En la etapa ejecutiva, a desarrollarse durante el presente mes, los esfuerzos deberían estar en función de realizar los cambios más importantes, los cuales deberían ser competencia exclusiva del Poder Ejecutivo que a su vez, participaría por medio de tres instancias.
Los entes involucrados son la Presidencia, con decretos ejecutivos; el Ministerio de Hacienda con acuerdos ministeriales y la Dirección General de Ingresos con comunicados y disposiciones administrativas.
El objetivo de esta etapa es recaudar los 500 millones de córdobas exigidos por el FMI, optimizando “nichos recaudatorios” que no se han aprovechado debido a interpretaciones o aplicaciones inadecuadas de la legislación vigente por parte del Fisco.
En tanto, la etapa legislativa, comprendida entre junio y octubre del año que corre, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Nacional concertarían una reforma tributaria integral, atendiendo al mismo tiempo y de manera coherente, los ingresos y gastos públicos.
Esta reforma entraría en vigencia a partir del 1° de enero del próximo año. Según Báez, los cinco meses de formulaciones técnicas, consultas y aprobación parlamentaria, servirían para que el Poder Legislativo apruebe todas las modificaciones a su cargo. Asimismo, promulgar la nueva Ley de Régimen Presupuestario y el primer Código Tributario del país, el cual fue dictaminado favorablemente desde hace seis años.