ACAN-EFE
GUATEMALA.- El Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Guatemala rompió el martes las conversaciones que mantenía con el Gobierno en la búsqueda de acciones para poner fin a los crímenes, hostigamientos y amenazas que sufren desde el año 2000.
La portavoz del movimiento, la investigadora social Clara Arenas, dijo en declaraciones a la prensa que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para todas las organizaciones de la agrupación.
Arenas no precisó la fecha en que será presentada la solicitud a la CIDH, con sede en Washington, ni la cantidad de organismos para los que se pedirá la protección.
Las declaraciones de Arenas se produjeron al término de una reunión entre dirigentes de las diecisiete organizaciones del movimiento con el vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, y el gabinete de seguridad.
Al menos 125 defensores de los derechos humanos en Guatemala han sido víctimas de asesinatos, ataques, amenazas y persecuciones en el 2002, según un informe entregado a la emisaria de la ONU, la paquistaní Hina Jilani, que investiga estos atropellos en el país.
Jilani, representante especial del secretario general de la ONU, Kofi Annan, sobre la situación de los defensores de derechos humanos inició el lunes, una visita de seis días para verificar las denuncias de hostigamiento en este país centroamericano.
El documento del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que aglutina a diecisiete organizaciones, indica que en el 2000 hubo 90 casos de violaciones contra activistas y en el 2001 se registraron 76 casos.
La mayoría de las víctimas están vinculadas a la lucha contra la impunidad y al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la pasada guerra civil (1960-1996), señala el Movimiento.
PORTILLO INCUMPLE
El incumplimiento de la promesa de aplicar los acuerdos de paz de 1996 hecha por el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, al tomar posesión en ende 2000, fue destacado ayer en Londres por el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
El gobernante prometió entonces también desmantelar la estructura “paralela” de poder que obstaculizaba la protección de los derechos humanos, el procesamiento de los responsables de abusos y abolir el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial.
