Luis Felipe Palacios [email protected]
Roberto Cajina, experto en asuntos cívico militares, considera que la lógica institucional demanda una jerarquía Constitución-Ley 290-Código Militar, que hasta ahora no se ha dado.
No obstante, Cajina destaca la madurez con que civiles y militares han conducido sus relaciones en Nicaragua, y señala que el proceso de institucionalidad del tema Defensa ha contado, por un lado, con una lenta, aunque progresiva capacitación de los civiles en el tema, y con la voluntad de “autosubordinación” de los militares al poder civil, que en su opinión reflejan una voluntad de los militares de aceptar la primacía del poder civil.
En su opinión, el empuje del establecimiento de una lógica institucional en cuanto a las políticas de Defensa, depende en este momento más de la capacidad y el interés de los civiles, que de los militares.
¿Cómo califica las relaciones civiles-militares en Nicaragua?
Antes que nada, se tiene que tomar en cuenta cuál es el concepto [de] que se parte para analizar estas relaciones. Para comenzar, el concepto de relaciones civiles-militares es tan ambiguo que ha sido cuestionado sobre todo por académicos latinoamericanos, porque se entiende que ni metodológica ni políticamente es correcto utilizar ese término. Metodológicamente porque la expresión no dice nada, y políticamente porque lo que se hace es una división entre civiles y militares, creando dos mundos en apariencia diferentes, en donde los militares pueden sentirse excluidos de ese mundo. De hecho, el hacer esa división tan tajante, pone a los militares fuera del resto de la sociedad.
En el fondo, el problema fundamental es qué se esconde detrás de ese eufemismo que se llama relaciones civiles-militares, y es el tema de la subordinación de los militares al poder civil, es decir, la decisión política de la institución armada y su liderazgo de subordinarse a la autoridad del poder civil. Sin embargo, considero que también se esconde otro problema, que usualmente los académicos norteamericanos no abordan, que es la capacidad, competencia y voluntad política del liderazgo civil de ejercer un efectivo control sobre la institución militar.
Usualmente lo que se analiza es hasta qué grado los militares están subordinados al poder civil, y las respuestas son: absoluto, medio, poco o nada. Por eso considero que los modelos son bien interesantes y sirven de referencia, pero muchas veces se convierten en camisas de fuerza cuando el modelo no corresponde a determinada realidad.
A su juicio, ¿cómo se encuentra Nicaragua desde ambas puntos de vista?
Tengo una tesis muy particular que parte del análisis de la interpretación de cómo se ha desarrollado este proceso de dos vías. Las relaciones entre el poder civil y el poder militar no pueden verse en seco, ni en el aire ni fuera de contexto. Nicaragua viene de una transición política que pasa de un régimen autoritario de izquierda a un régimen democrático, único caso en América Latina. De tal manera que tiene que considerarse la situación de aislamiento político de doña Violeta de Chamorro (Presidenta 1990-1997), el alto grado de polarización política, la severa crisis económica, un estado supernumerario… tiene que entenderse ese contexto.
En 1994, con la aprobación del Código Militar en medio de una alta polarización política, en donde la clase política de Nicaragua no estaba esperando que si había una jefatura suprema, sino que la disposición que establece el mecanismo a través del cual saldría a retiro Humberto Ortega, entonces jefe del Ejército, no se pensó en establecer un modelo democrático de relaciones civiles-militares ni en la profesionalización del Ejército, menos en la carencia de civiles expertos en Defensa y Seguridad o Asuntos Estratégicos. El tema era la salida de Ortega del Ejército. Sin embargo, a partir del 21 de febrero de 1995, cuando pasa a retiro Humberto, el debate cesó y no se ha puesto en agenda.
¿Qué ha pasado en estos siete años? ¿No es importante el tema?
El efecto más duradero ha sido la permanente debilidad tanto de las autoridades civiles como de la sociedad civil en los temas de Seguridad y Defensa. Todavía existe falta de competencia en el poder civil. El Código Militar resuelve problemas fundamentales y enuncia el principio de la subordinación militar al poder civil, pero no existen los civiles capacitados para hacerlo.
Pero también el Código Militar le da autonomía al Ejército sobre el poder civil.
Es que el proceso de la base jurídica de la Defensa ha sido un proceso irregular por las condiciones de la transición política. Lo lógico hubiera sido Constitución, Ley 290 y Ley 181, pero tal como se desarrolló la transición política en Nicaragua sólo dio lugar para resolver lo que se podía en ese momento. Sin embargo, a mi juicio, eso no ha ocasionado problemas, es más, independientemente de la forma irregular de este proceso de construcción de la base jurídica de la Defensa de Nicaragua, a pesar de eso ha sido relativamente funcional para las condiciones específicas del país. Posiblemente en otro país no hubiera sido funcional.
¿Por qué cree que no ha habido diferencias por esas discrepancias jurídicas?
Porque a estas alturas del juego, el Ejército de Nicaragua no ha sido factor ni puente de conflicto. Mal que bien, las relaciones entre poder civil y poder militar han sido no tortuosas, no violentas y han mantenido un importante grado de respeto. A doña Violeta hay que reconocerle algo importante, que durante su administración, a pesar de la “crisis del deseo” de 1993 (cuando expresó públicamente su deseo de sustituir a Humberto Ortega), las relaciones entre el poder civil y el poder militar se empezaron a manejar sobre la base de tres elementos importantes: gradualidad, confianza y transparencia. Ahora, esos tres elementos de alguna manera han caracterizado esas relaciones.
Volvamos a su planteamiento. Usted decía…
Bueno, sí. Mi tesis es que en una gran medida estas relaciones entre poder civil y poder militar han avanzado. Si la base jurídica ha sido relativamente funcional, aunque todavía incompleta, ha sido porque en el fondo hay lo que llamo, la voluntad de autosubordinación de los militares al poder civil. No es la subordinación obligada o exigida, sino que la voluntad de autosubordinación de los militares a la autoridad del poder civil.
¿Y por qué lo hacen?
Para darte la pintura (panorama), esa voluntad de autosubordinación llena un poco el vacío que deja la falta de competencia civil y la falta de voluntad política de la autoridad civil sobre la institución militar. No se puede dejar de ver los dos lados de la moneda. Por otro lado, toda institución militar o corporativa tiene, obviamente, sus intereses, y es posible que la institución militar en Nicaragua haya infundido que era necesario adaptarse, y hacerlo rápida y eficientemente al nuevo escenario que se está viviendo.
A mi juicio, los militares se adaptaron mucho más rápido al nuevo escenario que la autoridad civil, eso es evidente. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Pero también, obviamente, funciona el instinto de supervivencia corporativo de la institución militar.
Pero en estos tiempos ya no se escuchan voces que consideren la desaparición del Ejército.
Pero en 1994, cuando se aprobó el Código Militar, había sectores claramente interesados en que lo desmantelaran. LA PRENSA era uno de ellos, y también un grupo de movimientos civilistas que pedía la abolición, pero cuando se dieron cuenta de que la cosa no era como se pensaba, desistieron de su idea. Al principio las contradicciones eran originadas por una ignorancia ideologizada, gravísima y peligrosa, que no permitía que se avanzara.
¿Esta luna de miel entre el poder civil y el poder militar, no puede empañarse por esas discrepancias jurídicas?
Considero que una eventual reforma a las leyes militares y civiles son necesarias, pero no se deben poner plazos, sino que el mismo proceso vaya dando lo que naturalmente puede ir dando. La Seguridad y la Defensa tienen que verse bajo el lente que estamos apuntando hacia una política de Estado y no hacia una política de gobierno ni de partido.
Y esa es la otra condición fundamental para que haya unas reformas. Si existen las condiciones de estabilidad política y la voluntad de entrar a ese debate de forma desideologizada. ¿Hay condiciones en Nicaragua para hacerlo?: mi primera respuesta es no, y eso me preocupa.
¿Por qué considera que aún pueden darse las reformas?
Es que en estos momentos se está viviendo una situación de crisis política no violenta, que crea cierto nivel de inestabilidad, por el compromiso del presidente Enrique Bolaños en su lucha contra la corrupción. Y esta situación no es ideal para ese debate. Sin embargo, tampoco se puede esperar que la situación ideal llegue para hacerlo todo de una vez, porque a lo mejor esa situación quizás no llegue. Entonces lo que se requiere es que haya una situación básica y mínima sobre la que se puede avanzar. Todo depende de los actores principales: Ejército, Presidencia, Ministerio de Defensa, Poder Legislativo y organizaciones especializadas de la sociedad civil.
¡TE ODIO, MI AMOR!
La base jurídica del Ejército de Nicaragua, por las condiciones propias del pasado, no sigue el orden lógico. La Constitución de 1987 fue hecha a la medida de los intereses de la Revolución. En 1995 se reformó la base jurídica de la institución castrense, porque existía la necesidad de hacerlo, debido al período de transición que vivió Nicaragua, cuando doña Violeta asumió el poder en 1990, y aún era jefe del Ejército, Humberto Ortega, hermano del ex presidente sandinista Daniel Ortega, quien precisamente emitió una serie de decretos antes de entregar la banda presidencial a doña Violeta, que dejó prácticamente amarrada a la mandataria y minado el terreno que iba a pisar.
En ese tiempo, la subordinación del poder militar al poder civil ni siquiera era un tema de debate, incluso se temía que el Ejército fuese desmantelado, porque era considerado como el último bastión del Frente Sandinista y como un “cuerpo extraño” en la naciente democracia nicaragüense.
Fuertes voces del gobierno apostaban por la abolición del Ejército; es más, doña Violeta no se soportaba con Humberto, a quien se refería como “ese hombre”, y Ortega la llamaba “la vieja”. Sin embargo, ambos se necesitaban, como una especie de “te odio, mi amor”.
La magia del Ejército es que ha contado y cuenta con un poder de disuasión como ninguna otra institución, por el hecho de que es el que ostenta las armas, y cualquier intento radical de extinguirlo pudo haber provocado una desestabilización social que pudo haber puesto en peligro el gobierno de doña Violeta. Y en la medida en que la mandataria aceptó al Ejército, esta institución se fue ganando la credibilidad de la población.
