- Entre ellos un subcomisionado, por desalojo sangriento de Ometepe
Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/[email protected]
La juez Ivett Toruño Blanco dictó auto de segura y formal prisión contra ocho policías que participaron en el desalojo que se produjo en la comunidad de Mérida, Altagracia, Isla de Ometepe, en febrero pasado, y que dejó como saldo cuatro pobladores heridos de bala, así como varios extranjeros y policías golpeados.
La juez Toruño manda a la cárcel al subcomisionado Fidel Domínguez (quien fue dado de baja días después de ocurridos los hechos) y a los policías Francisco Jonás Palma Ruiz, Pablo Emilio Martínez Campos, Degli Antonio Moreno Mora, Alí Cruz Solórzano, Bosco Javier Orozco Jarquín, Juan Francisco Bermúdez Cruz y Maribel Ruiz Lovo.
A todos los mencionados se les señala de ser responsables de “lesiones preterintencionales, exposición de personas al peligro y abuso de autoridad”, en perjuicio de José Carlos Zambrana Vanegas, José Rodolfo Soto López y Marlon Alvarado Alvarado, estos últimos pobladores de Ometepe que resultaron heridos.
El pasado 23 de febrero, varios agentes policiales, dirigidos por el subcomisionado Fidel Domínguez, jefe de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía de Rivas, llegaron a esta comunidad para cumplir la orden de desalojo que dictó la entonces juez del Distrito de lo Civil, Gloria María Aráuz, quien posteriormente fue destituida de su cargo.
Aráuz, emitió una sentencia de desalojo en las propiedades donde habitaban pobladores de Mérida, las cuales eran reclamadas por el señor Frank Mena. En ese entonces, la juez suplente del Juzgado Único de Altagracia, Jassel Sandino, fue delegada para efectuar esta acción, que al final se convirtió en un hecho sangriento.
OTROS A PRISIÓN
Toruño también dio “ha lugar” a que permanezca en prisión Álvaro José Molina Briones, quien reside en San Ramón y es identificado como vendedor de servicios turísticos y al que se le señala como autor del delito de instigación para delinquir en perjuicio de los policías mencionados.
Como parte de la extensa sentencia, la judicial sobresee “provisionalmente” a favor de Isidro Rivera Pilarte, agricultor de la zona, “por lo que hace el delito de instigación para delinquir” en perjuicio de los miembros de la Policía que fueron procesados.
Aunque no fue posible conocer todas las consideraciones de la judicial por la premura del tiempo (pues el Juzgado estaba a punto de cerrar) y por su extensión, en parte de las consideraciones Toruño valoró que los policías violaron la Ley 228, “Ley de la Policía Nacional y su reglamento”, al desatender un artículo de éste que establece que el uso de la fuerza debe ser en forma gradual.
Dice que fue violada esta Ley, “principalmente por el subcomisionado Domínguez”, quien admitió que al ser agredido por los pobladores del lugar y tras ser obligados a replegarse (a los policías) dio la orden de efectuar disparos preventivos al aire e intentó persuadir, pero no empleó otros métodos que de forma gradual se establecen. “Por lo que el empleo de las amas de fuego con resultados desastrosos tuvo que ser previsto”, agrega la judicial.
De acuerdo con lo que dice el reglamento policial (valorado por la judicial) para los niveles de fuerza (utilizados por la Policía) existe un orden, desde persuadir, hasta gases lacrimógenos y bastón policial, y en caso de extrema necesidad vehículos policiales, por mencionar algunos.
