- Gonzalo Rodríguez, era acusado de fraude en perjuicio de la Dirección Aduanas
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La juez segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, sobreseyó definitivamente al ex titular de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas, Gonzalo Rodríguez, quien fue acusado de cometer los delitos de fraude, peculado y asociación e instigación para delinquir, causando perjucio económico al Estado hasta por un monto de 1.4 millones de córdobas.
La sentencia fue fallada el pasado viernes 10 de abril por la juez segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, según confirmó el abogado defensor de Rodríguez, Mario Delgado.
“Yo ya me notifiqué desde el viernes pasado. Es un sobreseimiento definitivo para mi cliente”, dijo Delgado.
Agregó que hasta ayer él no tenía conocimiento de que las otras partes —la procuradora Sujey Fúnez y la fiscal Carolina Vásquez— se hubiesen notificado.
El expediente de este caso supuestamente se había extraviado, sin embargo, fue encontrado en el archivo del secretario de actuaciones que lleva el caso.
La juez suplente, Gertrudis Arias, dijo que localizaron el expediente la tarde de ayer y de inmediato lo notificó a la Inspectora Judicial, doctora Jazmín Madrigal, quien a su vez le había solicitado la búsqueda del mismo, por cuanto le habían informado de su desaparición.
Según la acusación interpuesta por el actual titular de la DGSA, Fausto Carcabelos, Rodríguez perjudicó a la institución al cometer los delitos de fraude y peculado, al apoderarse de manera ilícita de 1.4 millones de córdobas, mediante la utilización de supuestos “informantes fantasmas” que reclamaban la recompensa que establece la ley de Defraudación y Contrabando.
El artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, establece que “toda persona que denuncie alguna defraudación o contrabando aduanero, tendrá derecho a una gratificación, siempre y cuando en virtud de los datos suministrados, resultase la aprehensión de mercancías realizables…”
La Ley establece que los denunciantes reciben un tercio de lo incautado, es decir, el 33 por ciento.
