Leonel Téller [email protected]
El hecho de que el ex presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo, haya logrado vetar en su momento el Proyecto de Ley No. 361 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, que habíamos aprobado en la Asamblea Nacional, puso al descubierto la dramática desesperación que desde entonces vive el hoy diputado hijo del pacto, Alemán Lacayo.
Dicho de otra manera, con el veto, el ex Presidente de la República demostró que no podía permitir que el proyecto se convierta en ley a pesar de haber tenido el visto bueno de él mismo, y que durante su proceso de formación como ley, había contado con el consenso de los contralores colegiados, de los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y posteriormente con el de los diputados que lo aprobamos en el plenario.
Si en ese momento el hoy diputado Alemán Lacayo hubiera permitido la publicación de la Ley No 361 en La Gaceta, todos estaríamos tranquilos porque la institucionalidad de Nicaragua se habría fortalecido para cuidar el erario, casualmente, de funcionarios con la moral y modus operandi del mismo diputado Alemán Lacayo y de sus socios; sin embargo, no fue el caso, y el veto que en su momento fortaleció la corrupción prevaleció.
Hoy está demostrado que la razón del veto no sólo fue para proteger a una larga lista de los más cercanos colaboradores y allegados del diputado Alemán Lacayo, sino que más importante aún, para protegerse a sí mismo.
Sin embargo, con lo dicho recientemente por el mismo diputado Alemán Lacayo: “Vamos al pacto” —a uno de sus más cercanos colaboradores, Pedro Joaquín Ríos—, queda evidenciado ante la opinión pública que de nuevo quieren fortalecer la corrupción quitándole beligerancia a la Procuraduría General de la República, imponiéndole a los nuevos incondicionales del arnoldismo: los contralores colegiados Ramírez y Gutiérrez, y al futuro Magistrado ante la Corte Suprema de Justicia Argüello Poessy.
