Este documento confirma que la empresa Latin Services Inc., mediante la cual se triangularon pagos de la DGI a ASEFINSA, hasta por más de 60 mil dólares, pertenece a Byron Jerez.

Hallazgos demoledores en la DGI

“No encontramos evidencia de la existencia física, ni las salidas de las bodegas de los bienes adquiridos con los cheques en cuestión”, dicen auditores de la CGR Jorge Loáisiga [email protected] Los auditores de la Contraloría General de la República han encontrado suficientes evidencias que revelan una serie de irregularidades administrativas y financieras que podrían haber […]

  • “No encontramos evidencia de la existencia física, ni las salidas de las bodegas de los bienes adquiridos con los cheques en cuestión”, dicen auditores de la CGR

Jorge Loáisiga [email protected]

Los auditores de la Contraloría General de la República han encontrado suficientes evidencias que revelan una serie de irregularidades administrativas y financieras que podrían haber permitido el saqueo de las arcas de la DGI en tiempos de Byron Jerez.

Un documento llamado “Situación de la Auditoría Especial en Proceso” en la Dirección General de Ingresos (DGI), cortada al ocho de mayo de 2002, precisa que todos los hallazgos serán notificados a los ex funcionarios de la DGI.

Entre los hallazgos se mencionan las cancelaciones de facturas por bienes adquiridos, hasta por la suma de C$ 2,630,345.21 (dos millones seiscientos treinta mil trescientos cuarenta y cinco córdobas con 21/100), a través de compra de divisas en Multicambios S.A., pagadas en forma de Giros Bancarios a las empresas: Business Express, Miami Delivery & Cargo, Latin Services Inc., Industrias El Cortijo, LBS Promotions, Altamira S.A., Super Export e Import y Dap Import, donde la entidad omitió, al efectuar esos pagos, el control interno tanto previo como posterior a los desembolsos, incurriendo en los incumplimientos abajo detallados. De no justificar estos desembolsos, podría generar un perjuicio económico al Estado.

Además, se precisa que los auditores no encontraron la resolución de autorización de la DGI, para la adquisición de los referidos bienes en el exterior.

Los auditores también verificaron que los proveedores extranjeros a los cuales la DGI pagó por las presuntas compras de bienes y servicios, “no se encontraban debidamente inscritos en el Registro Central de Proveedores y Contratistas del Estado.

Tampoco existió una autorización de la Contraloría, para que la DGI realizara las compras en el extranjero. La DGI no demostró que existiera escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, mediante la obtención de cotizaciones en el mismo.

“En la documentación soporte de las compras comprobamos que en ninguna de ellas existe copia de la declaración de importación presentada ante la Dirección General de Aduanas, para evidenciar que todos los bienes adquiridos en el exterior fueron debidamente nacionalizados”, expresan los documentos de los auditores.

Según los auditores, en las facturas y documentos que soportan las compras examinadas no se reflejan las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos, y las descripciones de las mismas fueron elaboradas en idioma inglés y sin traducción.

“No encontramos evidencia de la existencia física, ni las salidas de las bodegas de los bienes adquiridos con los cheques en cuestión”, precisa el documento de la Contraloría.

Los auditores de la CGR tampoco encontraron constancia de retención, que evidencie que la DGI haya realizado la deducción del uno por ciento en concepto de compras de bienes y servicios.   

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