- Procuraduría de Derechos Humanos investigará si se ha violado precepto de igualdad en cárceles
Gabriela Roa Romero [email protected]
Los privilegios penitenciarios para Byron Jerez, procesado por los checazos, los implicados en el fraude al Canal 6 y el banquero Francisco Mayorga, atentan contra el Principio de Igualdad establecido en la Constitución Política de Nicaragua, según especialistas consultados por LA PRENSA.
“Las personas que van presas tienen derecho a ser tratadas como personas y que se le mejoren sus condiciones de vida, sin embargo, cuando esto sólo se hace para un sector privilegiado de la población penal, indudablemente que afecta el Principio de Igualdad”, dijo Silvio Grijalva Silva, especialista en Derecho Penitenciario y profesor de la Universidad Americana (UAM).
Aseguró que estos privilegios pueden provocar conflictos o violencia carcelaria, que poco se da en el país dentro del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
“La población penal al ver esta diferencia de trato puede comenzar a generar conflicto en cuanto a iniciar una campaña de exigencia a que le mejoren las condiciones de vida”, subrayó.
Explicó que la Constitución Política establece en su artículo 39 que el SPN debe ser humano, promover la unidad familiar y de carácter educativo.
Sin embargo, una de las deficiencias del SPN es que aún no cuenta con una ley de ejecución de penas, que regule los derechos, deberes y obligaciones de los reclusos, y actualmente esto se rige por reglamentos autorizados por el Ministro de Gobernación que promueven la discrecionalidad.
El principal obstáculo del SPN, según Grijalva, es la falta de recursos económicos que ocasiona que las condiciones de vida de los internos sea bastante deplorable y se convierta en una violación cotidiana de los Derechos Humanos.
“Las condiciones de vida de los internos presenta un déficit de mala alimentación, no hay colchones suficientes, no hay utensilios de cocina, medios de aseo, entre otras cosas”, dijo.
Ante esta situación las autoridades del SPN permiten que los reclusos de acuerdo con sus posibilidades económicas mejoren sus condiciones de vida desde el punto de vista material, “aunque lo adecuado es que toda la población penal tenga acceso”, enfatizó.
“Pero una cosa es que te permitan mejorar tus condiciones básicas de vida humana y otra es que te permitan lujos o privilegios, son dos cosas distintas”, señaló Grijalva.
Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, aseguró que van a investigar el caso, y de confirmar la violación del precepto de igualdad ante le ley podrían emitir una resolución al respecto y solicitar que si hay mejoras que sean para todos sin excepción.
“La mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino que también aparentarlo”, dijo, tras comentar que llama sobremanera la atención el hecho de que apenas llegan estos implicados empiecen a hacerse construcciones en el SPN.
“Es tan condenable maltratar a una persona como dar un trato preferencial a otra, y me parece que es muy importante que las autoridades del Sistema Penitencial valoren y tengan en cuenta el sentir de la población”, concluyó.
