Moisés Martínez yJorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La inspección realizada en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) por la juez Flavia Solís, del Juzgado Tercero del Distrito del Crimen, la Procuraduría y la Fiscalía determinó que lo defraudado al Estado por medio de los “checazos” en esta institución es nueve millones de córdobas.
Esta cifra supera un poco al monto estimado en la acusación de la Procuraduría contra Byron Jerez y los otros acusados por el caso de los “checazos”, el cual es de 8.4 millones de córdobas, según confirmó el procurador especial designado para el caso, Iván Lara.
Sin embargo, estas cifras no toman en cuenta la presunta transferencia de 2.5 millones de dólares que ordenó Jorge Solís Farias, otro de los acusados en el caso de los “checazos”, a la empresa MASTEC, propiedad de la familia Mas Canosa, ni los 8.5 millones de córdobas que Enitel pagó a la empresa Masatepe Comunications (Masacom) por medio de una Nota de Crédito.
“Quedó comprobado que los cheques salieron de la presidencia ejecutiva de Enitel a la Dirección Financiera y que nunca pasaron por contabilidad. Llegaron a contabilidad hasta después que se habían hecho los pagos de Litorama, Business Express, Miami Delivery y todas las empresas del señor Jerez”, explicó Lara.
Según Lara, lo correcto hubiese sido que Enitel, si pretendía hacer pagos futuros de sus impuestos por la modalidad de las Notas de Crédito, librara los cheques a nombre de la DGI y que esta institución pagara a sus proveedores.
“Ese dinero tenía que haber entrado a la DGI, haberse registrado en Hacienda y Crédito Público”.
Por el contrario, Enitel pagó directamente a las empresas vinculadas con Byron Jerez.
Y NI PAGABAN LOS IMPUESTOS
Un informe de la Dirección General de Ingresos remitido a la juez Flavia Solís, determinó que las empresas involucradas en el caso de los checazos de Enitel no pagaban impuestos a esa institución, pese a que estaban negociando con la misma DGI.
Estas empresas son Business Express, Miami Delivery, Automotive Supplies y Parts, Computer And Accesories y Catera Business, entre otras, relacionadas a Byron Jerez y sus familiares.
“Estamos frente a un nuevo delito que nuestra legislación califica como defraudación”, dijo el procurador Iván Lara.
