- Centro Humboldt dice que productores serán afectados
Noel Hernández Ramos [email protected]
Las reglas que regirán el uso del agua no quedaron claras después de la privatización de las plantas hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, que dependen de este recurso para generar electricidad, opinó Clemente Martínez, técnico ambiental del Centro Humboldt.
Martínez advirtió que la privatización creará un problema que afectará a los productores agrícolas, que también dependen del agua para el cultivo de hortalizas y granos básicos en el norte del país.
Las dos plantas hidroeléctricas formaban parte de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), de la cual se desprende la empresa estatal Hidroeléctrica de Generación S.A. (Hidrogesa), que fue vendida por 41.2 millones de dólares al consorcio Coastal Power, la semana pasada.
“En este caso, ellos (las autoridades de Enel) están vendiendo las plantas, pero están regalando el agua. Se la están regalando porque no hay nadie que diga a esa empresa (Coastal Power) hasta dónde pueden llegar con el uso del agua”, comentó Martínez.
De acuerdo con el experto, el Centro Humboldt ve como un riesgo el hecho de que no haya quedado claro cómo quedará el uso del agua, porque si el inversionista decide ampliar la capacidad de generación de las plantas, estaría dejando sin ese recurso a los productores que también dependen de la misma.
“Ellos pueden desviar ríos para que les llegue a abastecer las plantas, y ¿quién los regula? ¿quién les dice que no lo hagan? Eso es porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no te dice”, comentó.
Explicó que desde que inició el proceso de privatización el Centro Humboldt se opuso por razones ambientales, porque antes de privatizar era necesario la creación de una Ley General del Agua.
“Lo que nosotros demandamos es una ley completa que regule todo el uso del agua, ya sea para uso eléctrico, humano o agropecuario”, agregó.
Martínez indicó que desde el punto de vista legal lo único que existe es un reglamento que fue aprobado hace poco más de un mes, precisamente para privatizar.
“Ellos sólo tienen un reglamento que hace poco el Marena (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales) estaba apurado en publicar, y al cual nosotros no le dimos el aval, porque fue un reglamento más que todo para privatizar el sector de las hidroeléctricas”, señaló.
Este reglamento está sujeto a la Ley de Medio Ambiente o Ley 217 en la parte del agua, pero Martínez aseguró que es incongruente porque no puede haber un reglamento sobre el uso del agua sin que antes haya una Ley General del Agua.
