- Poder Judicial, Ministerio Público y hasta Policía, dependerían de la Contraloría
- Ente fiscalizador monopolizaría facultad de investigar, acusar y juzgar
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La iniciativa de consenso entre liberales y sandinistas para reformar la Ley Orgánica de la Contraloría, tal y como hasta ahora se presume será presentada ante la Secretaría parlamentaria, podría rasgar el tejido constitucional respecto a la independencia de los Poderes y el proceso debido a que las personas tienen derecho, según el penalista Sergio Cuarezma.
De acuerdo con Cuarezma, si la reforma establece que solamente mediante las pruebas presentadas por la Contraloría el juez puede fallar en un caso de corrupción, se vulneraría la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, ya que les prohibiría, de facto, investigar, acusar y juzgar, respectivamente, hasta que la Contraloría decida enviar o no el dictamen ante el tribunal.
POLICÍA MANOS ARRIBA
“Y, como otro daño colateral, si la Contraloría se convierte en la única en hacer este tipo de dictámenes, le prohíbe de hecho a la Policía investigar cuando reciba denuncia contra actos de corrupción. Si la Contraloría no remite el dictamen al juez, ninguna de estas instituciones podría hacer nada, quedarían huecas en todo aquello que implique la lucha contra la corrupción”, señala.
Cuarezma advierte que con esta iniciativa, los proyectistas crearían un poder jurisdiccional de facto, que alteraría y pervertiría el orden constitucional e institucional del país en esta materia.
VULNERAN FACULTADES DEL JUEZ
El jurista señala que la Constitución establece que la Contraloría debe enviar a los tribunales las investigaciones cuando de las mismas se desprendan presunciones penales, pero que la Constitución no dice que ese dictamen sea vinculante para que el juez espere o no el dictamen para dictar sentencia, porque esa facultad constitucional le pertenece al juez y no a la Contraloría, con base en el principio de aportación libre de pruebas.
“Es más, el Juez puede fallar con o sin dictamen de la Contraloría, darle el valor dentro del contexto e integralidad con el resto de medios pruebas, ya que el dictamen de la Contraloría por su naturaleza, es un dictamen pericial, y no puede tener mayor valor que el resto de medios de prueba”, dice Cuarezma.
“Si la propuesta marcha, violaría el derecho al juicio previo y el derecho a la defensa, ya que si el dictamen tiene valor absoluto de prueba, no tendría sentido ningún tipo de juicio y defensa, porque una vez remitido al juez, éste se vería obligado a fallar de acuerdo con la prueba”, agrega el jurista.
Según su análisis, la propuesta también violaría el principio de contradicción entre las partes, ya que las mismas no tendrían oportunidad de discutir sobre la validez de la prueba, porque ésta sería preconstituida.
“Se vulnera el principio de libertad probatoria y de valoración de la prueba, la Contraloría sería la única que en estos juicios podría determinar qué es o no prueba contra un funcionario que haya cometido actos de corrupción, volveríamos al sistema de la prueba tasada, se rompe la posibilidad que el juez valore el medio de prueba conforme a la sana crítica que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial”, indica Cuarezma.
“VAMOS AL PACTO”
-“Vamos al pacto”, aparentemente dijo ayer el diputado Arnoldo Alemán, que presidió una parte de la sesión plenaria, al diputado Pedro Joaquín Ríos. En cierto momento del debate a la Ley de Tránsito, el diputado sandinista Edwin Castro tomó la palabra para hablar fuera del tema sobre el rechazo sandinista a la interpretación auténtica de la Ley 11, de la Fiscalía y de la Procuraduría, pero dijo que apoyarían la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría que fue vetada por Alemán. Fue cuando el diputado liberal Pedro Joaquín Ríos, se aproximó a Alemán a preguntarle algo y él respondió con esa frase, que aunque no es audible, puede perfectamente leerse en sus labios, frase repetida en dos ocasiones. Liberales y sandinistas rechazan que exista un pacto.
-Ríos negó que exista un nuevo pacto con el FSLN, aunque reconoció que el retiro de su iniciativa fue con el consenso de los sandinistas. “Retiré mi iniciativa de ley que ustedes (los medios) bombardearon y ahora quieren bombardear lo que el FSLN acordó con nosotros. Ese es un chiste, es una suposición, porque no hay nada de pacto. Lo único en que cedimos en que no se haga la interpretación auténtica”, agregó.
