- CGR tendría poder sobre la facultad decisoria del juez, en casos de corrupción
Xiomara [email protected]
Las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acordaron impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), que si bien desestima la vía de la interpretación auténtica de la Ley, no excluye el concepto establecido que recientemente presentara el diputado Pedro Joaquín Ríos.
El parlamentario confirmó anoche a LA PRENSA que aunque los sandinistas se opusieron al mecanismo de la interpretación auténtica para evitar efectos retroactivos en los juicios que están realizándose actualmente, la reforma contendrá los aspectos fundamentales de las iniciativas.
Por su parte los sandinistas rescatan los términos establecidos en la Ley de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría, vetada el 10 de octubre de 2000 por el ex presidente Arnoldo Alemán, en la que se contempla una serie de facultades para la Contraloría como “intervenir en el corazón y el sistema sanguíneo del sector económico del país”.
La iniciativa, que debería estar presentada mañana ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, aún no se conoce, pero se presume a partir de las declaraciones de sandinistas y liberales que se fusionarían los conceptos vetados en la reforma a la Ley y la interpretación auténtica tanto de la Ley 11 de 1985, como la del Ministerio Público y de la Procuraduría.
De ser así, el resultado sería el siguiente: una Contraloría con facultades juridisccionales, como investigar, tipificar delitos, determinar la valoración de los medios de prueba, romper el sigilo bancario, acusar y además controlar la facultad decisoria del juez en la medida en que éste no podría fallar un caso de corrupción, sin contar previamente con un dictamen de ese ente fiscalizador.
Es decir, que si bien no se legisla contra las facultades de la Procuraduría y la Fiscalía en ejercer la acción penal, de facto, estas instituciones no podrán ejercerlas sin un dictamen previo de la Contraloría, ya que de no contar con ese medio de prueba, ninguna se arriesgaría a acusar sin ese dictamen porque sin estas pruebas los jueces tendrían que sobreseer definitivamente a los acusados.
