- Falta voluntad política para enfrentar la violencia como prioridad de Estado, expresa funcionaria de Dos Generaciones
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Que un millón de niños no vayan a la escuela, es violencia. Que un 30 por ciento esté desnutrido, es violencia. Que centenares pululen en las calles, también es violencia.
La violencia “es psicológica, sexual, institucional”, dice Cándida Sequeira, responsable de un programa de prevención de la violencia en niños y adolescentes de Dos Generaciones.
Sequeira agrega que la “violencia en Nicaragua es un asunto cotidiano”, sin embargo, su solución “no es una prioridad” estatal.
A su juicio, eso se demuestra con el hecho de que existen leyes, planes y programas, realizados por instancias de gobierno y por organizaciones no gubernamentales, pero no disponen de recursos para llevarse a la práctica.
Sequeira cree que además de dinero hace falta voluntad política para reconocer que la violencia es un freno para el desarrollo de cualquier sociedad.
LO HECHO Y LO QUE FALTA
Según el informe del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (Conapina), en el país se han creado 72 centros de protección a la niñez, en los cuales se atiende la problemática de “abandono, maltrato, niños(as) en proceso de callejización, extrema pobreza, problemas de drogodependencia, riesgo de prostitución, discapacidad, víctimas de abuso, con una población atendida de 3,189 niños, niñas y adolescentes”.
-En materia de leyes, Nicaragua cuenta con un Código de la Niñez y la Adolescencia que procura proteger a los menores de las diferentes formas de violencia. Existe también una política pública contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Inclusive se aprobó un plan para su aplicación. En el Plan Nacional de Educación (PNE) existe un componente de educación para la paz.
-En la actualidad, la Coordinadora Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), que agrupa a todas las organizaciones que trabajan en función de la niñez, está pidiendo reformas al Código Penal a fin de que incluya tres figuras jurídicas que garantizarían la condena de quienes abusen sexualmente de menores.
-Se reconoce, además, la coordinación de los diferentes sectores sociales, que tienen que ver con la niñez, sin embargo, se cuestiona la falta de fondos para ejecutar y promover muchos de los planes y políticas existentes.
Fuente: Carlos Emilio López, procurador de la Infancia y la Adolescencia Informe de Conapina
