Noel Hernández Ramos [email protected]
El gerente de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Carlos Ramos, estimó que en dos semanas podrían concluir las auditorías que el Estado realiza en esa empresa sobre los 25 checazos, cuyo caso también se ventila en los juzgados capitalinos.
“Hemos recibido de la Contraloría y los organismos contralores del Estado la solicitud de hacer ciertas investigaciones internas, y cumpliendo con la Ley hay personal de los organismos públicos haciendo esas investigaciones”, expresó.
Las investigaciones apuntan a la búsqueda de datos sobre 25 cheques que Enitel emitió a favor de personas naturales, entre 1998 y 2000, soportados con notas de créditos de la Dirección General de Ingresos (DGI) a favor de empresas y personas, relacionadas o vinculadas a Byron Jerez.
Ramos explicó que durante el proceso de licitación del 40 por ciento de las acciones de Enitel no tuvieron acceso a los datos que les permitiera conocer sobre este tipo de anomalías.
Indicó que a pesar de los vínculos que existen entre el caso de los “25 checazos” con Enitel, no afecta los proyectos de inversión que esta empresa está desarrollando en el país.
“En principio no (afecta), el que el Estado y los organismos pertinentes investiguen situaciones pasadas es bueno para la empresa, es bueno que las situaciones queden claras y que quede todo correcto”, sostuvo.
CÁMARA DE COMERCIO SE PRONUNCIA
Ramos declaró lo anterior previo a una reunión que sostuvo con los directivos de la Cámara de Comercio de Nicaragua, donde su presidente Alfredo Cuadra también opinó sobre el fallo judicial emitido el sábado pasado por la juez Juana Méndez, en el que se deja causa abierta contra varias empresas afiliadas a la Cámara.
“Claro que afecta”, expresó Cuadra, “realmente en la última sentencia que la juez Juana Méndez dictaminó se abrió auto de proceso a varias empresas del área privada, inclusive las cinco son socias de la Cámara de Comercio”, comentó.
Dijo que en la medida en que se esclarezcan los casos y se señale a los culpables y a los inocentes, se dejaría a Nicaragua como un país más apegado a derecho.
“Nosotros hemos estado todo el día de hoy (ayer) trabajando junto con esas empresas, porque realmente abrir causa no implica ninguna responsabilidad ni nada, sino que lo que nosotros queremos es que se apegue a derecho, que tengan las personas y las empresas (derecho) a defenderse, que no sean indiciadas por la sencilla razón de tener una y otra opinión política”, agregó.
