- “Los delitos de defraudación no caducan hasta después de siete años, así que hay tiempo para capturarlos”, afirma Bofelli
Moisés Martínez yBenjamín [email protected]
La Procuraduría de Justicia perseguirá a cualquier nicaragüense condenado en los Juzgados por defraudación al Estado, sin importar el país en el cual se encuentre, aseguró el vocero de esta entidad, Sergio Bofelli.
Diferentes sectores de la sociedad han expresado su preocupación por el éxodo de varios funcionarios del gobierno anterior, presuntamente involucrados en diversos escándalos de corrupción, como son los casos de Esteban Duque Estrada, Jorge Solís Farias, Francisco Cifuentes, Gabriel Levy, Silvio Argüello Herdocia y su esposa Mariángeles Argüello, entre otros.
Sobre estos casos, Bofelli refirió que la Procuraduría de Justicia no se encuentra preocupada, debido a que esta institución aún no ha abierto causa judicial contra estas personas.
“Hay que recordar que en estos casos todavía existe una presunción de inocencia. Pero si alguna persona se viese eventualmente implicada en algún caso y fuese juzgado por el caso, entonces se le juzgaría en ausencia. Si resulta condenado, la Procuraduría utilizaría todos sus recursos para capturarlos, aun fuera del país”, afirmó Bofelli.
El director de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño, confirmó ayer vía telefónica que “es ahora lunes 29 de abril y ningún juez ha enviado a esta institución orden de retención migratoria para nadie, absolutamente para nadie”.
MISIÓN: RECUPERAR DINERO ROBADO
“Hay que entender que a la Procuraduría no le interesa sólo capturar a los culpables, sino ver si puede recuperar el dinero perdido. Hay que ver que los delitos de defraudación no caducan hasta después de siete años, así que hay tiempo para capturarlos”, agregó.
Por su parte, el magistrado Rafael Solís, señaló que “es facultad de cada juez emitir las órdenes de retención migratoria, pero también el Gobierno a través de la Procuraduría General de Justicia puede solicitarlas, pues son ellos los que manejan las pruebas”.
“Yo soy partidario de que si existen acusaciones respaldadas con pruebas, y los jueces consideren que hay suficientes evidencias deben actuar de oficio, aunque por principio los jueces deben respetar los derechos constitucionales de los procesados”, comentó el magistrado Solís.
