- Teme represalias de “las mafias” involucradas en el desvío de las armas a Colombia
AFP
BOGOTÁ.- Las sospechas del desvío a Colombia de un arsenal de 3,000 fusiles AK-47 y cinco millones de balas procedente de Nicaragua, “apuntan a Panamá”, aseguró en una entrevista publicada ayer un empresario israelí que participó en la compra-venta de las armas.
“No quiero acusar a nadie porque no soy investigador. Tengo mis sospechas, pero prefiero que las investigaciones lleguen a los culpables verdaderos”, declaró desde Guatemala el israelí Oris Zoller en una entrevista con el diario El Tiempo.
Al ser consultado por el rotativo acerca de a dónde señalan esas sospechas, el empresario aseguró que “apuntan a Panamá”, país de donde las armas ingresaron ilegalmente a Colombia.
El diario El Tiempo de Bogotá denunció a comienzos de esta semana que el arsenal había ingresado a Colombia en noviembre pasado, proveniente de Nicaragua, con destino a grupos armados sin identificar, lo que fue confirmado por autoridades policiales y militares.
Zoller y su compatriota Uzi Kisslevich fueron señalados el pasado martes por el jefe de la Policía de Panamá, Carlos Barés, de haber facilitado la transacción de las armas con documentos falsos.
No obstante, según Zoller, su empresa compró en noviembre de 1999 los fusiles de asalto y las municiones a la Policía Nacional de Nicaragua, las que luego acordó con Kisslevich vender a la empresa Inversiones Digal, con sede en Panamá, proveedora del gobierno panameño, que le había presentado una orden de compra de la Policía panameña.
“No vendimos las armas a colombianos ni sabíamos que iban a terminar allá o en otro país aparte de Panamá”, aseguró Zoller, quien dijo temer represalias de “las mafias” que pueden estar involucradas en el desvío del armamento.
“Cuando salió por los medios de comunicación que el armamento no llegó a su destino y que supuestamente llegó a donde lo hizo, nos preocupó la situación. Si pudiera regresar el reloj para que no hubiera hecho este negocio y no se afectara a gente inocente, lo haría”, añadió Zoller.
El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, rechazó el viernes cualquier responsabilidad de su país en el desvío del cargamento de armas, y dijo que podía presentar los documentos que demuestran que la venta se realizó con destino a Panamá.
Por su parte, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, aseguró el miércoles que su país no gestionó ni participó en la compra del cargamento. “Se usó el nombre de la Policía Nacional y estamos investigando”, señaló.
“Lamentamos que haya diferencias en las versiones, pero ya hay entidades serias de Panamá, Colombia y Nicaragua investigando. Les rogamos a las autoridades terminar la indagación lo antes posible para aclarar nuestro nombre y el de la empresa”, manifestó Zoller.
Según las primeras investigaciones, el cargamento fue traído a Colombia a bordo del barco “Otterloo”, de bandera panameña, que lo habría descargado el 10 de noviembre de 2001 en el puerto de Turbo, sobre el Océano Atlántico (noroeste).
Voceros militares indicaron inicialmente que el cargamento podría estar destinado a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), pero el jueves un miembro del Estado Mayor de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), señaló que “ese arsenal puede estar en nuestro poder”.
El general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, denunció el viernes que hay laxitud e incluso complicidad en algunos países con respecto al control y la venta de armas, algunas de las cuales están ingresando a Colombia con destino a los grupos armados ilegales.
