- Presidente rechaza insinuaciones de militar colombiano y explica que venta de armas fue acordada con Ministerio de Gobernación de Panamá
- Dice que se siguieron todos los procedimientos, pero que no puede responder por lo que pasó en alta mar o en otro lado
Consuelo Sandoval [email protected]
El presidente Enrique Bolaños aseguró ayer que la venta de un lote de armas y municiones que apareció en poder de la guerrilla colombiana, fue acordada legalmente con las autoridades del Ministerio de Gobernación de la República de Panamá, mediante la orden de compra y requisa, numerada y fechada el 10 de febrero del año 2000.
El mandatario rechazó las insinuaciones formuladas ayer por el comandante de las fuerzas armadas de Colombia, general Fernando Tapias, quien afirmó que algunos países se han convertido “en cómplices del trasiego de armas” hacia su país.
Bolaños informó que orientó a los ministros de Defensa y Gobernación, así como a los jefes del Ejército y la Policía a que expongan públicamente los documentos que evidencian la legalidad de la venta del arsenal a las autoridades panameñas.
Aseguró que la Policía cumplió con los procedimientos establecidos por la legislación nicaragüense para realizar la transacción, entre los que mencionó los permisos extendidos por la Contraloría, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
SE SIGUIERON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
“Se hizo siguiendo todos los procedimientos, se hace la carta de venta, se entregan las armas, se van, ¿Qué pasó en alta mar o llegan a otro lado? Dios sabrá. Se le vendieron a Panamá e iban con ese destino y se entregaron, firmaron, recibieron y pagaron, ¿Que al llegar a Panamá, o antes de llegar a Panamá, o después de llegar a Panamá?, yo no sé si cogieron otro camino, ésa no es cosa ni de la Policía de Nicaragua ni de los nicaragüenses”, manifestó.
Afirmó que se comunicaría con su homóloga panameña, Mireya Moscoso, con quien según dijo, le une una buena amistad, para brindarle todas las explicaciones del caso.
Moscoso lanzó fuertes cuestionamientos contra el jefe de la Policía, Edwin Cordero, a quien acusó de estar involucrado en el supuesto trasiego de armas.
La Policía Nacional realizó una transacción de canje con su homóloga panameña de 3,000 fusiles AK y 2.5 millones de proyectiles, a cambio de obtener armas cortas y ligeras.
Nicaragua realizó la transacción con la empresa intermediaria guatemalteca GIRSA, legalmente establecida en ese país.
GARZA PREOCUPADO
El embajador de Estados Unidos, Oliver Garza, mostró preocupación sobre el tema del trasiego de armas, debido a los intereses que tiene su país por la ayuda que presta al gobierno de Colombia.
“El reconocimiento de los posibles peligros que corre Panamá con un país (Colombia), cercano y fronterizo en el cual hay una guerrilla bastante peligrosa, obviamente nos interesa y a la misma vez teniendo buena relación con el gobierno de Nicaragua, estamos trabajando con los ministros responsables, la Policía y el Ejército para entender mejor lo que pasó aquí”, dijo.
Informó que en todo el mundo existen personas intermediarias que trabajan en vender y comprar armas, mecanismo que en su opinión no es nada nuevo, pero dijo desconocer los detalles de cómo ocurrió la transacción en Nicaragua.
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