Norwin Zeledón Orozco*
Aunque la política económica parece encaminarse a brindar algún grado de liquidez al sistema económico nacional, las disposiciones de las autoridades monetarias deberán continuar ejecutándose en un contexto de limitados recursos internos que podrían afectar el desempeño económico en el transcurso de este año.
El Presupuesto General de la República, para el 2002, contempla un déficit de 4 mil 400 millones de córdobas, aproximadamente. Este desfase de las finanzas públicas es el resultado de unos gastos estimados en 12 mil 700 millones de córdobas e ingresos valorados en 8 mil 300 millones de córdobas. El presupuesto de ingresos estará integrado por 8 mil millones de córdobas de ingresos corrientes y 5,9 mil millones de córdobas en concepto de ingresos de capital, respaldados fundamentalmente por la cooperación externa. Este balance de ingresos y gastos muestra que el ajuste fiscal constituye hoy una realidad ineludible que deberán enfrentar con sumo realismo los conductores de la política económica nicaragüense.
Aquí no ha habido ajuste, sino un financiamiento del desajuste. Junto a la comunidad internacional, el Banco Central de Nicaragua (BCN) se ha convertido en una entidad proveedora de financiamiento para el gobierno que permite soportar la expansión de los gastos públicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) está planteando que el gasto público se reduzca en un 50 por ciento, lo que significa reducir el gasto del gobierno en 2 mil millones de córdobas.
El déficit fiscal en Nicaragua se aproxima a un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero en las estadísticas normales de América Latina el déficit público alcanza en promedio un 2.5 por ciento del PIB.
Para alcanzar esta meta, el déficit público debería reducirse en un 10 por ciento. Eso no se alcanza en un año. Un 10 por ciento del PIB equivaldría a reducir los gastos en 240 millones de dólares.
Lo más recomendable consistiría en que se produzca una reducción progresiva del gasto público, medida que debe ser acompañada con un compromiso firme del gobierno de ajustar los gastos en aquellos sectores que no afecten la inversión social. Pero además, deben definirse políticas claras de apoyo a la producción y de promoción de exportaciones que permitan mejorar los desequilibrios externos del país en materia comercial y de ingresos de divisas que permitan fortalecer las reservas internacionales (RIN).
También está claro que debe incrementarse la base tributaria del país para solventar el flujo de gastos que debe enfrentar el gobierno.
La liquidez en esto ya existen pocas novedades y lo único novedoso sería que —el FMI— saliera con una decisión como la de devaluar. En Nicaragua, como en otras naciones, no se puede realizar una política monetaria expansiva por el peligro de profundizar los desequilibrios económicos que experimenta el país o revivir fenómenos inflacionarios. Es un poco utópico pensar que, con una política fiscal contractiva, habrá margen para una política monetaria expansiva. La política monetaria no puede ser expansiva en el sentido de financiar un incremento de la oferta de dinero sin el suficiente respaldo en reservas internacionales.
La única manera de promover una política expansiva sana es a través del fomento de las exportaciones, con un paquete coherente de estímulos como la reducción del Impuesto sobre la Renta (IR). Sin embargo, una política monetaria menos activa por parte del BCN podría contribuir a que, los recursos que las instituciones financieras y otros agentes económicos dedican a la compra de Certificados Negociables de Inversión (Ceni), se orienten a la inversión.
En efecto, las operaciones de mercado abierto reducirían su nivel de competencia por los recursos disponibles en el sistema bancario. Con ello, se incrementarían los ahorros disponibles para la inversión privada. Una vez que se superó el umbral de incertidumbre electoral y se restauró la confianza en el sistema financiero nacional los efectos en la captación de ahorro han sido beneficiosos. De diciembre del 2001 a mediados de marzo del 2002, los ahorros del público en el sistema bancario pasaron de 20 mil 718 millones de córdobas a 22 mil 588 millones.
Pero, a favor de quién estarán disponibles estos recursos. ¿Se utilizarán para financiar los desfases del sector público o se orientarán a la inversión privada? Parece que la lógica económica apunta a fortalecer esta segunda opción. Una política monetaria menos activa liberaría recursos que dotarán de mayor liquidez al sistema económico nacional.
Pero este tipo de medidas dependerá de cómo se reduzca el gasto público y de cómo se obtengan recursos externos. Una política económica severamente contractiva tiene sus límites y sus riesgos. La hora de realizar ciertos cambios en la política económica parece que ya llegó, aunque éstos no sean tan novedosos.
Consideraciones sobre el ajuste económico:
-Debe haber más transparencia en las negociaciones debido a que se define la política económica de los próximos años.
-Los programas de ajuste tienen 50 años. El FMI, cuando existen desequilibrios como el de Nicaragua, insiste en bajar el déficit fiscal.
-Los programas de ajuste estructural han venido cambiando, ya que el FMI nació para apoyar ajustes estructurales de corto plazo y no financiar ajustes estructurales permanentes.
* El autor es estudiante de Economía de la Universidad Católica.
