- Plantean penas a funcionarios que no revisen bien estudios de impacto ambiental
Noel Hernández Ramos [email protected]
Como parte del proceso de consulta que efectúa la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, esta vez grupos ambientalistas presentaron sus aportes al capítulo trece relacionados con los Delitos Contra la Naturaleza y el Medio Ambiente del Código Penal, sobre los cuales solicitaron la incorporación de nuevos delitos y penas más severas.
Roamir Manzanares, representante del Club de Jóvenes Ambientalistas, manifestó que los aportes al Código Penal fueron presentados por seis organizaciones que han denunciado los delitos que ocurren contra el medio ambiente del país.
“Consideramos que en algunos de los artículos se debe hacer algunas recomendaciones, para sanciones a algunos funcionarios que no estén realizando bien su trabajo en temas de revisar bien los estudios de impacto ambiental”, comentó.
En ese sentido se propuso la incorporación de un nuevo artículo donde el funcionario público encargado de aprobar, revisar, fiscalizar o dar seguimiento a los estudios de impacto ambiental o auditorías ambientales que dolosamente permita la incorporación o suministro de información falsa.
Este tipo de delitos, a juicio de los ambientalistas deben ser sancionados con penas de dos a tres años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por igual período.
De acuerdo con Manzanares, esto tiene que ir acompañado de un programa de educación ambiental, porque no sólo se trata de poner leyes nuevas para sancionar, “consideramos que tiene que ir de una manera integral”.
Por otra parte las asociaciones propusieron la creación de otro artículo que penalice con dos o cuatro años de prisión e inhabilitación de su cargo como funcionario, al que altere o dañe el ambiente por violación de los límites y previsiones del estudio de impacto ambiental, aprobado por la autoridad ambiental respectiva.
Además, solicitaron que sea considerado como un delito el hecho de talar, destruir, deforestar la flora en peligro de extinción, en áreas protegidas, cuencas hidrográficas o en áreas de utilidad pública, entre otras.
