Lic. Román García Díaz [email protected]
Es lamentable que todo funcionario público que intente tramitar cualquier gestión ante el Santo Padre en Roma, de las autoridades de la Iglesia Católica en el país, tenga que definirse de la misma manera que los representantes del gobierno laico. Dijo el vicepresidente de la República: “Si el gobierno descubre que existe algún funcionario que por su cuenta esté tramitando esa gestión, será inmediatamente sancionado y destituido”.
La Constitución Política de la República de Nicaragua dice en su artículo 14: “El Estado no tiene religión oficial”. Sin embargo, el Vicepresidente intenta convertir a los funcionarios de Estado en personas sumisas a una religión específica, porque de lo contrario amenaza con sanciones y destituciones, muy opuesto a la posición del Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños G., quien en conferencia de prensa el 6 de marzo expresó: “El Vaticano me dice que no ha llegado nadie, así es que más claro no puede ser, ya no vuelvo a tocar el tema, el que quiera creer que me crea y el que no, que le crea a otro”.
El presidente Bolaños siempre se ha expresado en términos oficiales, es decir, hablando de su gobierno que tan acertadamente dirige, y nunca lo ha hecho extensivo a sus funcionarios en carácter personal, como el Sr. Rizo Castellón lo dejó entrever en sus declaraciones.
Me agradaría conocer si el señor Rizo Castellón habló en su carácter personal o de forma oficial.
