Néstor Avendaño
El entorno económico internacional no es muy halagüeño en este año. La economía de Estados Unidos mostrará señales de recuperación con un crecimiento de 0.7 por ciento, la economía europea tenderá a la recuperación gradual con un aumento de 1.1 por ciento, la economía japonesa mantendrá señales de escepticismo para superar la recesión económica de 1.6 por ciento, y la economía latinoamericana se encuentra estancada y, en el mejor de los casos, crecerá entre 0 por ciento y 1.0 por ciento por la crisis argentina.
El precio internacional del petróleo tiende a mantenerse en un nivel entre US$24 y US$27 por barril; el del café mostrará signos de modesta mejoría, con un precio promedio por quintal entre US$60 y US$65; y el precio de la libra de azúcar en el mercado mundial se mantendrá entre US$0.08 y US0.10, mientras que en el mercado preferencial de los Estados Unidos se ubicará entre US$0.18 y US$0.20 la libra.
La previsión para Nicaragua es un crecimiento de 1 por ciento del Producto Interno Bruto Real (PIB), que no compensa el crecimiento poblacional de 2.6 por ciento, vislumbrándose una caída del ritmo de crecimiento del PIB por habitante, que alcanza el nivel de US$481. Por el lado de la oferta, la actividad de granos básicos, el procesamiento industrial de alimentos de origen pecuario y un leve repunte de la construcción privada podrán sustentar ese crecimiento económico, mientras que por el lado lo harán el consumo familiar y la inversión privada.
Pero existe el riesgo de que la lucha contra la corrupción podría provocar atrasos en la ejecución de las reformas estructurales de la economía, al no darse una mutua colaboración entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, comprometiendo el desempeño económico en 2003.
La tasa de inflación acumulada anual se proyecta en 8.6 por ciento, la cual se explica por la presencia de una tasa de inflación internacional de 1.6 por ciento, un incremento máximo de 50 por ciento del precio internacional del petróleo -que busca el límite máximo de US$28 por barril de la banda de precios de la OPEP-, los ajustes de tarifas de servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica preanunciado en 30 por ciento a inicios de junio próximo, y la inflación de costos provocada por la devaluación nominal anual de 6 por ciento, que contribuye con 3.2 puntos porcentuales a la inflación local.
La población económicamente activa (PEA) del país totaliza 1,990.0 miles de personas y representa el 37.2 por ciento de la población total del país, que es de 5,342.0 miles de habitantes. Se estima una tasa de sub-utilización global de la fuerza laboral de 25.3 por ciento, o sea que 503.5 miles de personas económicamente activas no generarán ingresos en el presente año.
Aún con el cese de las importaciones asociadas con la reconstrucción nacional por los daños provocados por el huracán Mitch, el déficit comercial supera el millardo de dólares como resultado de un valor de exportaciones FOB de US$605 millones y de un valor de importaciones CIF de US$1,676 millones. Dicho déficit comercial aunado con un ingreso de remesas familiares de US$335 millones a través de instituciones financieras y con un pago contractual de US$120 millones en concepto de intereses a acreedores externos “priorizados”, conduce a un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de US$780 millones, que representan el 30 por ciento del PIB, menor en seis puntos porcentuales del PIB al registrado en 2001.
En la ayuda internacional, sobre el supuesto que el Gobierno de Nicaragua cumpla las condicionalidades para 2002 del nuevo programa trienal que se establezca con el Fondo Monetario Internacional, sobresalen un flujo de préstamos y donaciones que ingresan al país de US$315 millones y las donaciones en concepto del alivio interino esperado en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa de US$220 millones, cuyo equivalente en córdobas sería reorientado hacia el gasto social en el presupuesto nacional. Así, es posible un total de ayuda internacional de US$535 millones.
Desde inicios de 2002, sin un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, la Administración del Ing. Enrique Bolaños enfrenta los problemas de una menor recaudación tributaria (debido a la desaceleración del crecimiento económico y a la deducción de las contribuciones a la seguridad social del impuesto sobre la renta), una reducción de los ingresos de privatización (las plantas generadoras de energía eléctrica no son atractivas para los inversionistas extranjeros) y una falta de apoyo a la balanza de pagos (las ventanillas de préstamos concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano continúan cerradas por la ausencia del programa económico PRGF2 del FMI).
En ese escenario financiero, el objetivo central de la política fiscal de corto y mediano plazo es aumentar el ahorro y reducir el déficit mediante la implementación de medidas que, por un lado, eleven anualmente los ingresos tributarios por lo menos en 1.0 por ciento del PIB en los próximos tres años y, por otro lado, reduzca el gasto gubernamental en 7 puntos porcentuales del PIB en 2002 con respecto a 2001. En esa forma, el déficit fiscal podría pasar de 16.5 por ciento del PIB en 2001 a 9.5 por ciento del PIB en 2002.
Hoy surge en el escenario macroeconómico de Nicaragua la carga de la deuda interna y la imposibilidad de cancelarla con el pago de los contribuyentes. A finales de 2001, la deuda pública con el sector privado suma US$1,495 millones equivalentes al 60 por ciento del PIB, mientras que la deuda pública con el sector público ascendía a US$1,815 millones, o sea el 72 por ciento del PIB. El monto de esta deuda ya supera el valor anual del Producto Interno Bruto (PIB) y, en el próximo quinquenio, el pago de los intereses a los acreedores internos representa una carga igual al pago de intereses de la deuda externa que goza del alivio interino de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME).
Nicaragua cursa el decimoquinto año consecutivo de ajuste económico y aún no ha logrado graduarse para desplazarse al estadio del crecimiento económico. En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el programa monetario seguirá basándose en el crecimiento del PIB Nominal, o sea el crecimiento de la producción de bienes y servicios en precios corrientes que se proyecta en 7.7 por ciento para 2002 (desglosado así: crecimiento del volumen de 1 por ciento y tasa de inflación promedio de 6.7 por ciento).
Con una política monetaria restrictiva para proteger la posición de las reservas internacionales, se espera que el crédito neto del Banco Central al Sector Público No Financiero y al Sistema Financiero Nacional se reduzca en un monto aproximado a 1.5 por ciento del PIB. La reducción del gasto público persigue un aumento de los depósitos del Gobierno Central en el Banco Central (depósitos que están asociados con la “cordobización” de la cooperación externa recibida por el gobierno), y con una ayuda en divisas líquidas para apoyo de balanza de pagos esperada de US$93 millones y con los ingresos provenientes de las privatizaciones, es muy probable un aumento entre US$30 millones y US$50 millones en el saldo de las reservas internacionales netas “ajustadas” (que excluye el saldo de encaje en moneda extranjera). Así, la cantidad de dinero que circula fuera del Sistema Financiero Nacional aumentaría alrededor de C$170 millones en el transcurso del año, principalmente en los dos últimos meses del año.
La falta o la débil implementación de reformas estructurales en los ámbitos del sistema financiero, el sistema de pensiones, la transparencia en el uso de los recursos del presupuesto nacional y el fortalecimiento de la justicia afectarán la confianza, el ahorro y la inversión del sector privado.
Con el propósito de que Nicaragua alcance el Punto de Culminación de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (por sus siglas en inglés, HIPC), en el cual aspira obtener una condonación de, al menos, US$3,230 millones en términos nominales, el Gobierno debe avanzar en la ejecución de las siguientes medidas de reforma estructural:
1) La conclusión del proceso de privatización (plantas generadoras de energía eléctrica, puertos, aeropuerto) y la solución definitiva de los problemas de la propiedad en conflicto
2) La continuación del fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, con una adecuada supervisión de la Superintendencia de Bancos, y de la Contraloría General de la República.
3) La formalización del Sistema Nacional de Inversión Pública y la implementación del Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA) en el Gobierno Central, para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
4) La aprobación de una ley de autonomía escolar que fortalezca una mayor participación de los padres de familia en la educación, y la aprobación de una ley general de salud que fortalezca los papeles regulador y normativo del Ministerio de Salud y establezca una base legal sólida para el programa de modernización del sector, concediendo más autonomía a los hospitales y sistemas de salud locales.
5) El inicio de las operaciones de dos empresas privadas administradoras del fondo de pensiones de seguridad social y la reestructuración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
6) La emisión de la Ley de Servicio Civil y de la ley para fortalecer la descentralización del registro de la propiedad, incluyendo la modernización del Código Comercial y del Código Penal.
* El autor es economista.
