- Gobierno de Bolaños recibe el apoyo del Cosep y del FSLN para que erradique la corrupción
- Sandinistas y empresarios se unen a diversos sectores del país en este propósito
Consuelo Sandoval [email protected]
El gobierno del presidente Enrique Bolaños recibió ayer el pleno respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y del Frente Sandinista y la Convergencia Nacional, en su lucha contra la corrupción gubernamental.
Los empresarios invitaron al Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría a que asuman la defensa de la sociedad para erradicar la corrupción, epidemia que en su opinión, afecta el desarrollo democrático y social, la economía y las acciones encaminadas a superar la pobreza.
En tanto, la Convergencia en un comunicado demandó una actitud beligerante de las instituciones involucradas en el combate de la corrupción que diariamente ocupa los principales espacios noticiosos nacionales e internacionales, y les instó a castigar a los culpables y recuperar el dinero usurpado al pueblo.
“El pueblo nicaragüense merece tener un Canal de Televisión Estatal que promueva nuestros valores culturales e identidad nacional; es decir, un medio televisivo educativo que ayude a forjar a un hombre nuevo y una nueva Nicaragua en beneficio de las futuras generaciones y contribuya a la defensa de nuestra soberanía”, destaca el comunicado de la Convergencia Nacional.
La Convergencia Nacional también exhortó a Bolaños a cumplir con su compromiso de mejorar la calidad de los servicios públicos, al tiempo que rechazó cualquier alza en el cobro de tarifas del agua, luz y teléfono.
Aseguraron que el pueblo de Nicaragua paga las tarifas de energía eléctrica más altas de Centroamérica y la del agua supera en más de un 50 por ciento a los otros países del área.
La Convergencia se pronunció a favor de que el Canal 6 de Televisión y Radio Nicaragua, propiedad del Estado, se conviertan en medios nacionales culturales y educativos en beneficio de la juventud y de la sociedad en su conjunto.
También se manifestó porque el gobierno distribuya equitativamente la publicidad estatal entre todos los medios de comunicación, tomando en consideración su alcance y la cobertura de la población al que está dirigido el mensaje.
