Emilio Álvarez Montalván
La prueba de fuego en la “despartidarización” de las instituciones del Estado, se dará en julio próximo. En esa fecha se renovarán por finalizar su período, cinco de los dieciséis magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia.
La opinión pública espera, que empezando por la Corte Suprema de Justicia se escoja a los altos funcionarios eliminando el padrinazgo caudillesco. La experiencia indica que esa manera tradicional de seleccionar a sus miembros, condujo a la corrupción, ineficiencia y desprestigio del Poder Judicial, piedra angular del Estado democrático y moderno.
Ya sabemos que para elegir a los magistrados de la Suprema se requiere el 60 por ciento de los votos de los diputados, condición que no reúne ninguno de los partidos representados en la Asamblea. Tal situación plantea varios escenarios, con distintos resultados.
El primero es que si los cesantes son reelectos (con escasa posibilidad y además indeseable), sería repetir el sistema actual, que se trata de cambiar. Si en todo caso se produjese dicha inamovilidad, la Corte en Pleno enseñaría la misma correlación actual entre los dos partidos principales en la Corte, o sea, nueve a siete a favor del sector “democrático”. En cambio, la Sala Constitucional permanecería “parqueada” como ahora, como lo prueban los numerosos recursos engavetados.
En el siguiente escenario, los cesantes no serían sustituidos, pues los caudillos no habrían podido ponerse de acuerdo, ya que sus candidatos respectivos no lograron los votos para completar la mayoría calificada. En tal caso la Corte quedaría reducida a once miembros, aunque funcionando legalmente, pues los magistrados remanentes bastarían para formar quórum, pues sólo se requiere nueve. Eso pasó durante la demora en el nombramiento del Dr. Escobar Fornos. Por cierto que éste, en una maniobra todavía inexplicada, logró el voto total del sector “democrático” de la Asamblea Nacional, sin recurrir al apoyo sandinista.
En tal eventualidad la relación PLC-FSLN en la Corte Plena quedaría, seis a cinco, a favor del FSLN.
En la tercera alternativa, los grandes jefes fueron capaces de negociar el reemplazo, seleccionando a nuevas caras en reemplazo de los cinco retirados. El objetivo sería asegurarse que las nuevas fichas defenderán, no sólo los intereses de sus respectivos partidos (como declaró en los diarios uno de los últimos electos), sino las personas de sus jefes partidarios, quienes temen que con el deterioro de la imagen del caudillo, deben tomar todas las precauciones.
En tal caso la distribución de los flamantes cinco causaría conforme a las cuotas asignadas por el pacto de tres para el PLC y dos para el FSLN, un empate de ocho a ocho. Esta posibilidad ocasionaría una paralización de la Corte, pues la Ley exige nueve magistrados para hacer resolución.
A estas alturas la opinión pública está cansada de tantas jugarretas. El mejor método para seleccionar en julio a los cinco nuevos magistrados es que sean escogidos con criterio nacional y no partidario. En consecuencia los propuestos deberán poseer cualidades de eficiencia, honradez, experiencia, antecedentes personales intachables y buen criterio y cuyos nombres deben exponerse públicamente. No pretendemos que ellos simpaticen o no con determinada posición filosófica o confesional, porque ello es impensable, tratándose de personas cultas.
No obstante para lograrlo, se precisan tres elementos: 1) que el presidente de la República, con derecho a proponer candidatos encargue a la Comisión Jurídica nombrada para que sugiera reformas al Poder Judicial que elabore una lista de candidatos, consultando diferentes sectores y desde luego al CONPES, 2) que los diputados respalden al presidente Bolaños desmantelando de hecho al Pacto, y 3) que existan en el país esos cinco Licurgos buscados a la manera de Diógenes, quienes ya instalados en la Corte, servirían de levadura para reforzar al sector democrático.
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
