Jorge Salaverry*
He notado que algunos medios de comunicación dicen que el problema que hay con el gobierno actual es que todavía “no arranca”. Cuando ese mismo comentario se lo he escuchado a algunos amigos míos, les he pedido que me lo expliquen, o que al menos me digan cuáles son las acciones que ellos consideran que el Gobierno debió haber tomado para que pudiera decirse que ha “arrancado”. Como respuesta a mi pregunta —debo decirlo con franqueza—, no he recibido más que balbuceos y medias frases que me dejan entrever que los que así opinan no están ni medianamente claros de lo que quieren decir.
Debido a eso, decidí dedicar un poco de tiempo para pensar en el asunto, y al hacerlo observé que hay dos temas recurrentes que se relacionan con el comentario referido: la reactivación económica y el castigo a los corruptos.
Hay algunos que dicen que la reactivación económica no se ve por ningún lado. Y tienen razón; especialmente si para medirla se refieren a la puesta en marcha de nuevos proyectos físicos de cierta envergadura, como nuevos hoteles, centros comerciales, etc. En estos dos meses y ocho días que han transcurrido desde que empezó el Gobierno que preside el ingeniero Enrique Bolaños, no se han iniciado —que yo sepa— proyectos de esa magnitud. Pero sería un gran error concluir que es por culpa del Gobierno.
Recordemos que la administración actual, a diferencia de la anterior, empezó su período en medio de una recesión económica mundial profunda, y con los precios de nuestra escasa oferta exportable por los suelos. La combinación de ambos factores resultó, como era de esperarse, en una contracción de las inversiones y en la imposibilidad de crear nuevos empleos. Los Estados Unidos, que son la gran locomotora de la economía mundial, empiezan apenas ahora a salir de la recesión, según lo ha anunciado Alan Greenspan, director del Banco de la Reserva Federal.
Veamos ahora el segundo tema: el castigo a los corruptos. Estoy seguro que muchísima gente quisiera ver tras las rejas a quienes sabemos que se enriquecieron ilícitamente en el gobierno anterior, pero, hasta la fecha, no hay uno solo de ellos guardando prisión. Eso, sin duda alguna, causa frustración e indignación en la ciudadanía, pero, nuevamente, no es culpa del Gobierno, si con ese nombre nos referimos al Poder Ejecutivo.
Recordemos que la administración de justicia le corresponde al sistema judicial, y que éste es completamente independiente del Presidente de la República. Dicho sistema está compuesto: por la Contraloría General de la República, cuyos miembros son personas provenientes de las negociaciones del pacto Alemán-Ortega; por el Ministerio Público, presidido por quien fuera Procurador General de Justicia en el gobierno anterior, y que fue nombrado con la venia de los pactistas antes de que Bolaños fuera electo a la Presidencia de la República; por un Poder Judicial que, por decir lo menos, deja muchísimo que desear; y por una Procuraduría de Justicia que, si bien es cierto que la presiden personas nombradas por Bolaños, tiene sus funciones sumamente restringidas por el Ministerio Público.
Pero la ciudadanía quiere —y con harta razón—, que haya crecimiento económico y que se imparta justicia. Ninguna de las dos cosas las obtendremos fácilmente. Lo primero no depende sólo del Gobierno, y ni siquiera principalmente, sino que depende de cuán rápido termine la recesión mundial y de que nos decidamos a trabajar de forma inteligente, agresiva y con disciplina, de acuerdo a las reglas del juego del mundo globalizado. El Gobierno actual, estoy convencido, es el mejor que podríamos tener para facilitar la integración de Nicaragua a la economía mundial.
Lo segundo —la correcta administración de justicia—será igualmente difícil lograrlo, aunque tengo mucha confianza de que en este período de gobierno avanzaremos substancialmente en la creación y consolidación de un sistema judicial efectivo, eficiente y honesto. Pero para que eso suceda será necesario que, en su debido momento, el Ejecutivo proponga a gente proba y capaz para sustituir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyos períodos se vencen este año. Si así lo hace, contará de seguro con el apoyo decidido de la ciudadanía.
Creo que de momento el Gobierno está haciendo lo que puede y debe hacer; y no olvidemos que el país “arrancará”, para beneficio de todos, en la medida en que mejore el entorno económico mundial y que nos insertemos en la economía global apoyados en la economía de mercado y en un verdadero Estado de derecho.
* El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
