En una encuesta hecha en febrero de este año por Borge y Asociados en la ciudad de Managua y publicada el 20 del mismo mes, quedó claro que la mayoría de los capitalinos quiere que el Gobierno ponga mano dura contra la corrupción. Es seguro que eso mismo espera y desea la generalidad del pueblo nicaragüense. Esas expectativas, sin embargo, deben ser confrontadas con la realidad del sistema judicial para ver hasta qué punto pueden verse realizadas.
Es cierto que el Gobierno tiene capacidad de iniciar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción. Así lo ha hecho, por ejemplo, con el caso del Canal 6 de Televisión que, como se ha visto, ha acaparado las principales noticias en los últimos días, hasta el punto de haber empujado a un segundo plano una reunión que sostuvieron los presidentes centroamericanos en Pochomil para conversar sobre el Tratado de Libre Comercio que Centroamérica espera negociar próximamente con Estados Unidos.
Pero si examinamos el comportamiento del Poder Judicial, nos daremos cuenta de que no hay razón alguna para tener esperanzas de que resplandezca la justicia. Así vimos la semana pasada cómo todos los acusados en el caso del robo de medicinas de las bodegas del Ministerio de Salud fueron sobreseídos “por falta de pruebas”. El cuestionado fallo se dio tan sólo una semana después de que la juez del Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, Alia Dominga Ampié, se hiciera cargo del caso en sustitución de la titular del Juzgado, doctora Juana Méndez. El apresurado sobreseimiento causó gran indignación entre la ciudadanía, al dejar impune otro delito cometido en perjuicio del pueblo. El mismo presidente Bolaños al comentar sobre el fallo dijo: “Yo pregunto a las autoridades encargadas de lo judicial, entonces, ¿quién es el culpable?” Esa misma pregunta es la que se hace la ciudadanía indignada cada vez que ve con qué facilidad son eximidos de culpa los presuntos malhechores.
Esa ineficacia del sistema judicial es la que motivó al Presidente de la República a reunirse con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el jueves de la semana pasada. El Presidente, además de pedirles que tengan “sumo cuidado y certeza de dar pasos firmes en los procesos judiciales que se están llevando a cabo” dijo: “esperamos que el sistema judicial pueda actuar con patriotismo y entereza, y que Dios los ilumine (a jueces y magistrados) para que salga después de todos esos problemas, aplaudido y fortalecido por su buena actuación”. Es evidente que, envuelto en un lenguaje diplomático, lo que el mandatario le hizo ver a la Corte Suprema de Justicia en pleno es que no hay confianza en el sistema judicial.
Es urgente y necesario que haya verdadera justicia en Nicaragua. No cabe duda de que los casos de corrupción que han estado saliendo a luz dan la sensación de que se ha destapado una olla podrida y maloliente, pero peor sería que esos delitos quedaran ocultos en procura de una supuesta estabilidad y de un buen ambiente para los negocios, como equivocadamente lo han sugerido algunos políticos y hasta algunos líderes del sector privado.
La verdad es que el “destape” de la podredumbre, aunque incómodo, es necesario para la bienandanza del país y para mejorar el clima de negocios. El jueves pasado recibimos en el Consejo Editorial de LA PRENSA la visita de unos empresarios extranjeros que están invirtiendo en un proyecto turístico de varias decenas de millones de dólares. Cuando les preguntamos que si ellos creían que investigaciones como las que se están haciendo en el caso del canal de televisión del Estado perjudicaban el ambiente para invertir en Nicaragua, respondieron diciendo que más bien les parece que lo beneficia, ya que eso demuestra que los nicaragüenses estamos dispuestos a luchar contra la corrupción.
Pero de nada servirá que el Ejecutivo o los medios de comunicación denuncien e investiguen presuntos actos delictivos, si el Poder Judicial continúa actuando con la ineficiencia, y en muchos casos venalidad, con las que ha actuado hasta ahora. No en balde la encuesta arriba mencionada reveló que un 66 por ciento de los ciudadanos de la capital no confían en los Tribunales de Justicia.
