Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
Porque supuestamente operaba de manera clandestina, la Policía Nacional cerró la pequeña fábrica de puros Habano Cigars, dejando en el desempleo a 22 obreros, en su mayoría mujeres del barrio periférico Estelí Heroico, ubicado al oeste de la ciudad de Estelí.
En el cateo de la “fabriquita” la Policía Nacional decomisó más de nueve mil puros, ya que presuntamente los anillos de seguridad que utilizaba son marcas exclusivas de la fábrica Segovia Cigars, propiedad del cubano norteamericano Néstor Placencia.
Oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional también decomisaron 825 puros en una de las terminales de buses de la ciudad de Estelí, los que eran comercializados por Julio Castillo, que servía de agente vendedor.
La subcomisionada Miriam Martha Torres, portavoz de la Policía en el departamento de Estelí, señaló que los anillos con la marca Mayorga, que usaban en la “fábrica clandestina” son exclusivos de Segovia Cigars.
Sin embargo, Pastor Romero, propietario de la “fabriquita” refutó las declaraciones de la vocera policial, afirmando que la marca Mayorga pertenecía a una antigua empresa que hace seis años cerró operaciones en Estelí.
La relacionista pública de la Policía Nacional de Estelí, además, indicó que la fábrica que cerraron carecía de legalidad, pues no se hallaba inscrita en el Registro Mercantil, Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Oficina de Recaudación de la Alcaldía Municipal.
William Pérez Gutiérrez, otro de los socios, presentó un documento extendido por la Alcaldía Municipal que autoriza el funcionamiento de la fábrica, mediante el número comercial 0304011086-0000004151.
Pérez Gutiérrez presentó otro documento extendido por el delegado departamental del Mitrab, Federico Rosales Rivera, que expresa: “El Ministerio del Trabajo no ha ordenado el cierre de ninguna empresa en el presente año”.
Los socios de la pequeña fábrica manifestaron que la Policía Nacional se arrogó funciones que no le corresponden, por cuanto solamente la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio del Trabajo, son los facultados para cerrar un centro productivo.
“La Policía cumple con detectar este tipo de actividades ilícitas y nos limitamos a documentar e ilustrar al Poder Judicial”, expresó la subcomisionada Miriam Martha Torres, al comunicar que el expediente fue trasladado al Juzgado Local del Crimen de Estelí para que determine la culpabilidad o inocencia de los socios de la fábrica.
