- Defienden “derecho” de cobrar por la entrada a balnearios
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En la próxima semana, alcaldes de municipios costeros introducirán un recurso de amparo en los Tribunales de Apelaciones que les corresponde, para apelar la resolución que emitió a finales de febrero la Contraloría General de la República, donde les prohíbe a las alcaldías que realicen cobros en las entradas de los balnearios.
Juan Pablo Obando, asesor de la Alcaldía de León, uno de los casi 30 municipios afectados, dijo que las alcaldías resultaron perjudicadas con la resolución de la Contraloría, por lo que enviarán al Tribunal de Apelaciones Circunscripción Occidente, una petición amparados en el artículo 51 del decreto 455 del Plan de Arbitrios municipal.
“Este decreto es un marco de legalidad donde las alcaldías establecen tasas y contribuciones especiales en sus municipios, las alcaldías trabajan con este decreto mientras no se apruebe una legislación tributaria municipal, por lo que la Contraloría General de la República, con su pronunciamiento, violenta la autonomía”, dijo Obando.
El Plan de Arbitrios municipal también estipula, según Obando, que las alcaldías pueden realizar esos cobros siempre y cuando sea para la mejora de los servicios municipales. “La CGR es un ente supervisor, esto es materia de justicia constitucional que no le corresponde”, señaló.
CONTINUARÁN COBROS
Por su parte, Ismael Ulloa Pérez, asesor de El Viejo, Chinandega, manifestó que ellos continuarán los cobros en el balneario de Jiquilillo, porque necesitan una suma mínima de 70 mil córdobas para llevar a cabo el Plan Playa, además porque argumentan que este balneario es parte de las tierras ejidales según el decreto número 1418 publicado de La Gaceta 293 de 1967.
“La Alcaldía de El Viejo introdujo un recurso de revisión ante la CGR, pero fue denegado, por lo que también presentaremos apelación en el Tribunal de Apelaciones, al igual que lo harán otras alcaldías”, explicó Ulloa Pérez.
Ramón Carcache, asesor de San Rafael del Sur, dijo que a pesar que ellos no cobran en Pochomil, solicitan una contribución voluntaria y apoyarán a las otras municipalidades que tienen costas, lagos o lagunas.
El año pasado, para estos días, la CGR también emitió una resolución indicando a las alcaldías de las zonas costeras no cobrar la entrada de los veraneantes a las playas, argumentando que éstas son públicas según la Constitución de la República, para entonces los alcaldes de las municipalidades afectadas introdujeron ante la Contraloría un recurso de revisión.
