- Ejército y Policía convocan a la sociedad civil del Triángulo Minero para reactivar comisiones de paz
Heberto Jarquín M.CORRESPONSAL/TRIÁNGULO [email protected]
La desarticulación de las bandas armadas, mejor conocidas como remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), constituye un hecho de mayúscula importancia que contribuye a la restauración de la estabilidad en el Triángulo Minero Siuna, Rosita y Bonanza.
No obstante, las autoridades policiales y militares están convocando a los diferentes sectores de la sociedad civil, delegados de instituciones, organismos no gubernamentales, partidos políticos, dirigentes religiosos y activistas de derechos humanos con el fin de reactivar las comisiones de paz que jugaron un rol preponderante en la desmovilización de los alzados en armas.
“No pueden quedar a la deriva decenas de campesinos que estuvieron vinculados al FUAC, hay que brindarles algún tipo de alternativa, buscarles empleo, financiamiento y reinserción a la sociedad para que no incurran en actividades delictivas”, indicó el segundo jefe militar del Triángulo Minero, mayor Bayardo Sánchez.
“Por eso hemos convocado a las personas que contribuyeron al desmantelamiento del FUAC en las minas. Con ello pretendemos reactivar las comisiones de paz”, añadió el jefe castrense.
PREVENCIÓN
El jefe de la Unidad de Policía de Rosita, capitán Carlos Malespín Lorente, dijo que “en esta nueva etapa post-FUAC, necesitamos el apoyo de toda la sociedad para prevenir el delito”.
“Una de las tareas que tenemos pendientes es la localización y requisamiento de las armas de guerra que quedan en manos de civiles y otras que supuestamente dejaron botadas los desertores de las bandas armadas”, señaló el jefe policial.
“Continúa la búsqueda de los ex cabecillas Juan Manuel Kraudy Zamora, alias “Juan de la Montaña” y Juan Manuel Mendoza, que se hacía llamar “Pomares”, para que respondan en los tribunales por todos esos crímenes”, indicó el capitán Malespín.
La activista de Derechos Humanos en el municipio de Rosita, Licenciada Paula Rugama, afirmó que “campesinos de la zona donde operaban las bandas armadas quieren retornar a sus fincas, pero temen que se produzcan acciones revanchistas en su contra”.
“El Ejército y la Policía tienen que mantener la vigilancia para impedir que personas que aún conservan armas comiencen a ejecutar gente indefensa que no eran responsables ni cómplices, sino víctimas y rehenes de los grupos que se mantuvieron alzados por varios años en las montañas del Triángulo Minero”, concluyó la promotora de Derechos Humanos.
