- El juez Carlos Padilla, del Distrito del Crimen de Estelí, libró de cargos a doña Graciela González Molina, de 83 años
- Pero ordenó auto de prisión contra ella por considerarla culpable de Desacato a la Autoridad
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/ESTELÍ[email protected]
La señora Graciela González Molina, quien el 18 de enero mandó a demoler el edificio que ocupaba el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) en esta ciudad, fue sobreseída definitivamente por Carlos Padilla, Juez de Distrito del Crimen de Estelí, de todos los cargos, salvo del delito de desacato a la autoridad, por el cual recibió auto de segura y formal prisión.
El edificio en litigio pertenecía a Ernestina Gallo de Meneses, pero al fallecer lo heredaron sus hijos Oscar y Nidia Meneses Gallo, quienes lo vendieron a la doctora Graciela González Molina, quien desde hace mucho tiempo venía reclamando su devolución.
El 18 de enero a las nueve de la mañana, la juez de Distrito de lo Civil, Mercedes Jirón, tenía previsto ejecutar una sentencia de devolución de la casa que habitaba el Movimiento Comunal Nicaragüense, a Graciela González Molina, pero ella, con 53 hombres se adelantó y mandó a demolerla dos horas antes, generándose enfrentamientos callejeros con las personas del organismo comunal.
Josefa Hernández, dirigente del MCN de Estelí, acusó a González Molina y a su sobrino Juan Barreda Monzón, de “robo con fuerza, amenazas de muerte, lesiones, desacato a la autoridad, exposición de personas al peligro, violación de domicilio y asociación ilícita para delinquir”.
Hernández aseguraba que los hombres contratados por González Molina causaron daños materiales al Movimiento Comunal de Estelí, por la suma de 3 millones de córdobas, al destruir bienes que se hallaban en el interior del inmueble.
Padilla, además, sobreseyó definitivamente a Juan Barreda Monzón, Erick Selenio Jarquín Huete y Henry Omar Pérez Calderón, que participaron en la demolición del edificio.
MCN INCONFORME CON SENTENCIA
El abogado del Movimiento Comunal Nicaragüense, Leopoldo Castrillo Ramos, dio a conocer que apelará la resolución judicial, alegando que Graciela González Molina debió ser sentenciada por los otros delitos de que fue acusada.
“Vamos a proceder con las acciones legales correspondientes, incluyendo el embargo de los bienes de Graciela González Molina”, afirmó Castrillo Ramos.
Los dirigentes comunitarios manifiestan que los daños ocasionados a la organización son evidentes y que la ciudadanía fue testigo de la demolición del local.
JUEZ ACLARA SOBRE SU VEREDICTO
El doctor Carlos Padilla, Juez de Distrito del Crimen de Estelí, dijo que los dirigentes del Movimiento Comunal no presentaron evidencias que demostraran la preexistencia de los bienes que supuestamente había en el interior de las oficinas del MCN, y que solamente el delito de desacato era evidente.
“El Movimiento Comunal también se negó a nombrar un perito para cuantificar los daños, y además la señora Josefa Hernández nunca presentó la documentación que la acreditara como representante legal del Movimiento Comunal”, adujo Padilla.
Asimismo, manifestó que tampoco se presentaron las personas que supuestamente resultaron lesionadas. “Nosotros queríamos saber dónde estaban los lesionados, pero fue imposible encontrarlos”, explicó.
