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Las mujeres nicaragüenses, representadas en la Red de Mujeres contra la Violencia, se sienten atropelladas y ofendidas en sus derechos elementales por el contenido del nuevo Código Penal, cuyas propuestas restringen las posibilidades del acceso a la justicia de los más desprotegidas y vulnerables del país, denunció Evelyn Flores Mayorga.
Dijo que el proyecto original del Código Penal aprobado en lo general el año pasado, en la actualidad quedó complemente modificado y desvirtuado porque algunos delitos fueron eliminados y en otros se reduce drásticamente la pena.
Fustigó a los legisladores porque en su opinión están plasmando en la nueva legislación la tipificación de los delitos en función de los intereses de la Iglesia Católica y de grupos económicos, políticos (léase pacto libero-sandinista), fundamentalmente en los aspectos referidos al aborto y el patrimonio familiar, respectivamente.
Flores reclamó el respeto a la Constitución que en su artículo 14 establece que el Estado no tiene religión oficial, por tal motivo, dijo, el gobierno debe respetar que no se involucre a las iglesias en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de normas jurídicas que de alguna manera vienen a beneficiar, proteger, tutelar los derechos de los ciudadanos del país.
Alertó que en el caso del aborto, se estableció que es terapéutico cuando la mujer corre el riesgo de perder la vida y puede consentir que se le practique sin pedir permiso a nadie, no obstante, estimó que el artículo es ambiguo porque indica que primero tiene que haberse evitado por otros medios sin especificar a qué se refiere.
Exteriorizó la preocupación de las mujeres porque el tema relativo a la violencia intrafamiliar constituye un retroceso en cuanto a las medidas que protegían a las víctimas de ese delito, porque prácticamente desaparecen del Código que se está aprobando en la Asamblea Nacional.
En la legislación vigente, indicó, se establece que la persona que agredió física y sicológicamente a su pareja o ex compañera, no se puede acercar a su casa para evitar entablar algún diálogo que conlleve el convencimiento de la víctima para que retire la demanda judicial, o persuadirla a que crea que le pegó porque la quiere.
Consigna que el agresor es penalizado hasta con seis años de cárcel, en cambio, dijo, la nueva legislación reduce las sanciones como máximo a dos años de prisión.
“Lo que quisiéramos es que ese artículo se quede como está, porque reconoce que tu pareja o ex compañero comete violencia, intimidación física o síquica en tu contra, además que reivindica tu derecho”, afirmó.
Flores alegó que las mujeres se oponen a la aprobación del artículo 159 del referido a la Exposición y Abandono de Personas tal y como está formulado, por cuanto, sancionará a las personas que pongan en peligro la vida o la salud de otra persona incapaz de valerse por sí misma.
“Estamos hablando de los padres que mandan a sus hijos a pedir a las calles, que pueden ser penados con seis años de prisión. Se ha comprobado que el aumento de las penas no evita que se cometan los delitos, lo que hace es que los niños quedarán sin padre y madre porque estarán encarcelados”, manifestó.
La propuesta de las mujeres al Estado y el gobierno del presidente Enrique Bolaños, es que se generen más empleos y se mejoren los programas específicos para que los padres comprendan la dimensión de la responsabilidad de educación de sus hijos, pero además que se establezca la gratuidad de la educación de los niños, consignado en el Código de la Niñez.
Lamentó que en la nueva legislación desaparezca el delito de incesto que castiga la relación de un adulto con un niño por su vínculo consanguíneo o de tutoría, pero dejan el estupro que considera que debe suprimirse por ser una figura legal desfasada, alegando que las penas no protegen a la víctima, puesto que el perdón de la parte ofendida lo vuelve inexistente.
