- Decisión política del PLC y el FSLN es la única traba para liberar poderes
- Aunque se necesita una ley de destituciones, no es precisa para estos cambios
Xiomara Chamorro [email protected]
La renuncia voluntaria de los representantes del Poder Judicial, el Poder Electoral y la Contraloría, es la vía legal para lograr la despartidización de las instituciones del Estado, sin necesidad de reformar la Constitución ni ninguna otra ley.
El ex presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, señaló que una eventual renuncia de funcionarios de esas instituciones, obligaría por ley al Legislativo a elegir a los sustitutos, ya que forma parte de sus facultades constitucionales.
En tal caso, según Guzmán, no existen trabas legales para despartidizar las instituciones, ya que todo depende de una decisión política de los partidos que las controlan.
“Eso pasaría por un acuerdo político con la Asamblea Nacional que es la que elige y es la que tendría que comprometerse a elegir dentro de las propuestas que envíe la sociedad”, comentó Guzmán.
LEY DE DESTITUCIONES ES NECESARIA
Aunque Guzmán está de acuerdo con la necesidad de que exista una ley de destituciones de los funcionarios públicos, señala que una iniciativa de este tipo no es precisa para lograr la sustitución de los actuales representantes de las instituciones partidizadas.
“No hay que confundir el procedimiento para sustituir a un funcionario con los procedimientos para destituirlo por fallas en su desempeño”, explica Guzmán.
En su opinión, la iniciativa del actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Arnoldo Alemán, es correcta en cuanto a la necesidad de una ley que desarrolle el concepto establecido en la Constitución en lo que concierne a las destituciones.
La Constitución, en el caso de los poderes Judicial y Electoral, y la Contraloría, no establece causales de destitución, pero señala que las mismas se determinarán mediante una ley que no existe actualmente.
El 19 de enero de 1995, la Asamblea Nacional aprobó una ley de destituciones para los funcionarios de esas instituciones, pero fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte bajo el argumento de que el Legislativo “no podía ser juez y parte”.
Guzmán considera que la Corte actuó bajo intereses políticos en una decisión que califica de “absurda” porque la ley era constitucionalmente correcta.
Manifestó que el grave error de la iniciativa de ley de destituciones propuesta por Alemán es pretender destituir a los funcionarios con la mayoría simple de los diputados presentes, disposición que sería inconstitucional, ya que la elección se realizó con una mayoría calificada.
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