- La autorización legal de miles de exoneraciones de vehículos, hace que varios especialistas cuestionen la efectividad de la Ley de Justicia Tributaria
José Adán [email protected]
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Diversos especialistas en temas económicos han coincidido en que la autorización legal de miles de “libres” bajo el mandato de la Ley de Justicia Tributaria y otras leyes conexas, debe replantearse para definir el carácter normativo de esta ley vigente desde 1997.
Para el economista Róger Cerda, el gobierno debe revisar a fondo las políticas de recaudación y hacer reformas fiscales.
“Las recaudaciones fiscales se han deteriorado paulatinamente, como reflejo tanto de la contracción económica como de las políticas fiscales. Estas últimas mantienen un sistema impositivo altamente discrecional en el otorgamiento de exoneraciones y tratamientos especiales; por ejemplo, de acuerdo con el FMI, casi el 50 por ciento de las importaciones están exoneradas. Esta institución ha estimado que sumando otros tipos de exoneraciones (IGV, IR) el estado deja de percibir en impuestos más de C$2,500 millones anuales”, dijo.
Según Cerda, se debe realizar una “profunda reforma fiscal, desarrollista, austera, que comprenda una política fiscal y una reforma tributaria justa, incluyente y de base mucho más amplia que la actual”.
USO “EXCESIVO E IRREGULAR»
Con estos planteamientos coincide el ex viceministro de Finanzas, René Vallecillo, para quien la autorización de exoneraciones de impuestos a vehículos automotores pudieron ocasionar que Nicaragua dejará de percibir impuestos sobre aproximadamente 800 millones de dólares que ingresaron al país desde 1998 al 2001.
Para Vallecillo, el uso que se le dio a Ley de Justicia Tributaria en el pasado gobierno fue “excesivo e irregular”, por lo cual él considera que se debe hacer una revisión exhaustiva de la aplicación de las leyes en este sentido.
Según él, aunque los objetivos de la Ley de Justicia Tributaria fueron teóricamente correctos al ser aprobada la ley en junio de 1997, a la fecha los mismos están siendo mal interpretados.
“La Ley no establece mecanismos de control para evitar que los vehículos exonerados sean utilizados para otros fines que no correspondan a las funciones de los ONG. Las exoneraciones son demasiado pesadas, el gobierno debe hacer una revisión de esas exoneraciones, sobre todo se debe valorar si se está cumpliendo con los objetivos de la Ley de Justicia Tributaria, y tratar de determinar si las personas objeto de exoneraciones no están negociando los vehículos para fines personales”.
Según documentos en manos de LA PRENSA, en el pasado gobierno liberal de Arnoldo Alemán, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, se entregaron casi 15 mil libres. Aunque la mayor parte de éstas son otorgadas de manera legal, el Estado ha reconocido que ha habido algunos excesos en la distribución de las mismas.
Las listas de vehículos exonerados desde 1998 hasta el año 2001, suman un total de 14 mil 627 vehículos, entre los cuales figuran motocicletas, carros, camionetas, camiones, buses, lanchas, yates, aviones y otros.
LIBRES LEGALES
Todas estas exoneraciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas entre 1997 y 2001 están amparadas bajo la Ley de Justicia Tributaria, otras leyes como la de Turismo, e incentivos de producción.
Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido en un par de ocasiones que aparentemente ha habido algunos excesos en el otorgamiento de “libres”, muchas de las cuales aparentemente están al margen de la ley.
Molestias y aclaraciones
En otros casos, el trámite ha sido perfectamente legal, entre ellos figura el del helicóptero Bell adquirido por la Nicaragua Sugar Estates Limited, como lo explicó su gerente general, Xavier Argüello.
“Al respecto quiero indicarle que si bien usted no hace referencia a nuestra empresa en el texto de su artículo —aunque lo insinúa cuando habla de empresas que recibieron libres para importación de helicópteros— sí publica el nombre de nuestra empresa en un listado, que incluye la descripción de nuestro helicóptero Bell 206L-4, queriendo relacionar a nuestra empresa con el abuso de exoneraciones que causaron perjuicio al Estado”, dice.
“Quiero informarle que nuestra aeronave fue introducida dentro de un régimen específico de exoneración para aeronaves existente desde 1955 (Gaceta No. 188, Artículo 1, Decreto No. 1 del 19 de agosto de 1955) el cual quedó vigente dentro de la Ley de Justicia Tributaria publicada en La Gaceta No. 106 del 6 de julio de 1997, y que en ninguna forma constituye un abuso de las leyes del país. Nosotros presentamos nuestra solicitud amparados a las leyes del país por medio de los canales correspondientes y correctos y recibimos de las autoridades los beneficios que las leyes del país nos brindan. ¿O es que acaso se espera que los nicaragüenses renunciemos a nuestros derechos y deberes consignados en las leyes del país?”, se pregunta Argüello.
La aeronave en referencia pertenece a esta empresa y es utilizada en labores de supervisión de más de 40,000 manzanas sembradas de caña, 520 hectáreas de camarón y 6,000 manzanas sembradas de eucalipto en un área geográfica de aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados en los departamentos de León y Chinandega”, señaló, entre otras cosas.
Estas publicaciones han hecho que algunas instituciones que fueron beneficiadas con estas exoneraciones inicien investigaciones en ellas mismas, tal es el caso de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, este último ayer informó que están cotejando las informaciones con sus inventarios para determinar la legalidad de sus exoneraciones.
Las exoneraciones, según cálculos de economistas, han significado que Nicaragua deje de percibir impuestos sobre aproximadamente 800 millones de dólares en tres años, al otorgar exoneraciones a casi 15 mil vehículos.
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