Cristiana Chamorro [email protected]
Sentimientos contradictorios de alivio, frustración y vergüenza pública se me juntan cuando entrevisto a diversas personas sobre el caso Jerez y recuerdo la grave acusación resumida por el asistente del Secretario de Estado para América Latina, Lino Gutiérrez, quien en sus declaraciones al Semanario Confidencial fue explícito y dijo: “No es justo que funcionarios que roban a sus pueblos vayan de compras a Miami”.
Una declaración que ahora se complementa con el último informe de Transparencia Internacional, el que señala las actividades de Jerez y la protección de Alemán como causas principales para decir que Nicaragua es el tercer país más corrupto de América.
Para una mayoría de nicaragüenses la condena de Estados Unidos al ex funcionario de Alemán no es un asunto privado entre Jerez y los norteamericanos, ni personal del ex director de la DGI, como lo ha querido presentar el partido del gobierno, sino que es una vergüenza nacional y un cuestionamiento directo a la probidad y autoridad moral del presidente de la Asamblea Nacional, el ex presidente Arnoldo Alemán por su vinculación estrecha con Jerez.
El caso lleva semanas esperando que la prudencia del nuevo gobierno deje de hacernos sentir que en la “Nueva Era”, el combate a la corrupción lo tiene que hacer Estados Unidos y que la gobernabilidad de Nicaragua se asegura con la aceptación pasiva de un rol protagónico de la Embajada Norteamericana en las investigaciones que el gobierno está obligado a realizar.
Sin duda, la intervención del gobierno norteamericano en el caso Jerez provocó una sensación de estar protegidos por una mano gigantesca. Revalorizó el periodismo investigativo y aportó más evidencias al presunto saqueo de altos funcionarios del círculo íntimo del ex presidente Alemán. Algo más, se colocó como una autoridad supranacional y obligó al presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, a bajar el tono en su desafío al presidente Bolaños lo que en el fondo termino aplaudiendo.
A primera vista el hecho fue un espaldarazo norteamericano para el presidente Bolaños, pero aumentó la percepción ciudadana de una gestión gubernamental lenta y débil principalmente ante la oposición que le han montado los mismos liberales con Alemán a la cabeza. Alivia un rato, aunque con un sabor de frustración, porque seguimos reproduciendo una cultura intervencionista y comprobamos que como sociedad carecemos de instituciones, organizaciones y dirigentes con voluntad política para resolver los temas que afectan la gobernabilidad de Nicaragua.
Hasta que Estados Unidos le dijo sos violador de la Ley al principal socio de Alemán, el gobierno del presidente Bolaños e incluso la Iglesia admiten que hay presunción de delitos cometidos en el círculo del ex presidente y reconocen que algo grave ha sucedido después de negar infinidad de veces las pruebas de corrupción reveladas antes por la prensa nacional. Y hasta que el embajador americano llamó a su residencia a los principales representantes de las instituciones de investigación y justicia, hasta entonces la administración Bolaños salió de una especie de parálisis, como de miedo a la verdad, frente al caso Jerez.
Finalmente, “vamos a fondo”, dijo el Presidente de la República y el Fiscal General no tuvo más remedio que sacar de su gaveta la Ley 285, la cual lo faculta desde 1994 a recabar información financiera de las entidades gubernamentales y particulares, relacionadas con transacciones comerciales que se vinculan con lavado de dinero. El caso Jerez volvió a manos de quien fue Procurador y ahora le trae una oportunidad para reparar cinco años de desprestigio y probar la despartidarización de la Fiscalía General.
Al Presidente de la República se le exigen definiciones sobre el contenido de la Nueva Era, más allá de su discurso en contra de la corrupción y la construcción de la justicia. En la acción de don Enrique se espera ver cuál es el fondo de su lucha contra la corrupción, el que todos sabemos demanda inevitablemente una investigación al principal socio de Jerez, Arnoldo Alemán. Y vamos también a conocer qué pesa más en la balanza de la justicia del nuevo gobierno: la prudencia excesiva, que es hacer justicia ambigua nombrando gente de la vieja era o la búsqueda de la verdad, que reclama investigar los negocios de Jerez con el ex presidente Alemán.
En síntesis, el presidente Bolaños tiene un dilema para salir de este caso: confrontar al presidente de la Asamblea Nacional y poner en peligro el respaldo de su partido o ser complaciente con la impunidad y arriesgar para siempre la credibilidad de su Presidencia.
Por otra parte, el Presidente de la República tiene también que quitarle al pueblo la idea de que en el gobierno de Bolaños, la Embajada norteamericana se va a encargar de la oposición alemancista para que don Enrique pueda gobernar en paz y salir triunfante en su cruzada contra la corrupción y la reconstrucción de la institucionalidad perdida. Si hay algo de fondo en todo esto es que el grado de impunidad y corrupción al que hemos llegado es porque son muchos los nicaragüenses que se creen sin capacidad para cambiar esta situación.
Con “Bolaños, sí se puede”, dice la propaganda gubernamental cuestionada hoy a fondo por el caso Jerez. Creo que con voluntad política sí se pueden dar pasos firmes en la reconstrucción de la moralidad y la dignidad nacional que tanta falta nos hace, incluso cuando se cumple un mes de la anunciada “Nueva Era”.
La autora es periodista.
