Jorge [email protected]
El miércoles de la semana pasada, en la sección “negocios” de este diario, se publicó un artículo de mi buen amigo, licenciado Juan Fernando Ramírez A., con el sugestivo título de “Cómo generar empleos”. Es un artículo interesante, en el que Juan Fernando trata con mucha seriedad y responsabilidad de aportar algunas respuestas concretas a tan angustiante y urgente pregunta.
Con realismo y buen juicio señala de entrada que no es al gobierno al que le corresponde crear empleos, sino a la empresa privada nacional y extranjera a través de la inversión, y considera que para que surjan nuevos empleos es condición necesaria, pero no suficiente, que todas las variables económicas estén estabilizadas. Seguidamente nos presenta su tesis: para que haya más empleos es imprescindible que haya una estrecha “colaboración y coordinación de los sectores público y privado”, y sugiere que el gobierno debe discriminar en cuanto a cuáles actividades empresariales apoyar y a cuáles no.
Dice Juan Fernando: “debemos escoger las actividades empresariales donde pensamos que podremos tener más éxito compitiendo a nivel internacional”. Ahora bien, ¿quiénes, según él, tienen la responsabilidad de “escoger” esas actividades empresariales que el gobierno tendría que privilegiar? “Estos sectores deben ser claramente identificados por nuestro sector privado…” nos dice casi al final de su artículo. Aquí la cosa se complica un poco, porque, después de todo, decir “sector privado” es hablar de algo muy amplio. El sector privado está constituido, por ejemplo, por los productores de sorgo, ¿verdad? Pero también está constituido por los cañeros, y por los que producen cebollas, sorbetes, programas de radio, y mil cosas más; y también está constituido por sus organismos representativos, como el Cosep, la Cámara de Turismo, Amcham; y por los que venden carros, o tienen salones de belleza, discotecas, agencias de viajes, etc, etc. ¿No es así?
Los caficultores son también sector privado, pero sospecho que en la mente de Juan Fernando, la caficultura no entra dentro de “las actividades empresariales donde pensamos que podremos tener éxito compitiendo a nivel internacional” ¿O sí? Pero yo bien sé que muchos caficultores están convencidos de que su sector sí tiene potencial, y que, por lo tanto, debe ser apoyado —incluso “salvado”— por el gobierno. También estoy seguro de que los criadores de ganado piensan que merecen ser apoyados, y los productores de leche, y los productores de cacao, y así ad infinitum.
Me parece que Juan Fernando se equivoca cuando sugiere que puede haber alguien, o algún organismo —como el Comité de Competitividad, que él menciona—, que pueda tener esa capacidad discriminatoria para orientar el destino de los escasos recursos del Estado hacia un sector y no hacia otro.
Antes en el artículo, sin embargo, nos dice algo interesante — y un tanto contradictorio con lo anterior— cuando sugiere un criterio para seleccionar a las industrias con potencial ganador, y que serían acreedoras, por consiguiente, de un apoyo especial por parte del gobierno. Él dice que la manera de identificarlas es fijándonos en “aquellas industrias que surgieron de la nada, sin asistencia ni ayuda, [pero que] lograron colocarse en un corto tiempo en una posición competitiva respetable aunque todavía no alcanzan el nivel ‘sostenible’”. Y cita como ejemplo la acuicultura, que incluye la crianza de camarones, langostinos, peces comestibles, peces ornamentales, etc.
¿En qué quedamos entonces? Juan Fernando reconoce, por una parte, que es a los empresarios privados a quienes les corresponde tomar el riesgo de invertir en aquellas actividades que “ellos” han identificado como posiblemente exitosas. En eso estoy de acuerdo. Pero después sugiere que el Estado privilegie de cierta manera a algunas de esas actividades para que lleguen a ser exitosas y “sostenibles”. En eso ya no estoy muy de acuerdo.
El Estado, a mi juicio, debe ser neutral en materia económica. No debe interferir para beneficiar a unos — los acuicultores, por ejemplo—, y no a otros —los caficultores, por ejemplo—. El Estado, de hecho, no debe intervenir activamente para beneficiar o perjudicar a ninguno. Debe ser neutral, y en todo caso su apoyo debe ser pasivo, es decir, no interfiriendo ni poniendo trabas a ninguna actividad empresarial legítima. Mucho bien haría con pasar leyes que faciliten y que no encarezcan la inversión en cualquier sector, sin privilegiar ninguno; con mantener esas leyes estables, y con impartir justicia rápidamente cuando esas leyes sean violadas.
La mejor colaboración que el sector público puede darle al sector privado es no estorbando. Todo lo demás es discriminación indebida.
El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
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