El miércoles de esta semana el presidente Enrique Bolaños, y el jefe sandinista, diputado Daniel Ortega, sostuvieron una reunión de trabajo que duró un poco más de dos horas. Esa reunión se dio a iniciativa del presidente Bolaños, como parte de su propósito anunciado de buscar un acercamiento con todas las bancadas que integran la Asamblea Nacional, a fin de hacer más expedita la aprobación de aquellas iniciativas de ley que emanen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, algunas personas percibieron la reunión entre Bolaños y Ortega, como el inicio de un nuevo pacto, percepción que a nuestro juicio es infundada.
El ingeniero Bolaños, en su calidad de Presidente de la República, o sea, como mandatario de todos lo nicaragüenses, tiene derecho —e incluso, obligación— de abrir y mantener abiertos canales de comunicación con todas las fuerzas políticas de la nación. Eso es lo menos que puede hacerse en un país en donde el pueblo quiere que se avance en la consolidación de un régimen democrático. Es más; la esencia misma de la democracia exige que el diálogo abierto y civilizado —y honesto, por supuesto— sea el único medio de acercar posiciones y resolver conflictos políticos.
Sin embargo, las suspicacias se explican en las repetidas ocasiones históricas en las que diálogos y conversaciones entre líderes políticos de la oposición con los del gobierno, resultaron en arreglos prebendarios para favorecer intereses individuales y partidarios. Ése es el tipo de diálogos que la población rechaza, porque resultan en los conocidos pactos que, lejos de favorecer a la nación, la han perjudicado. El ejemplo más reciente lo tenemos en el pacto Alemán-Ortega o libero-sandinista, de 1999, que corrompió el funcionamiento de casi todas las instituciones estatales.
¿Qué es entonces lo que puede esperarse de un diálogo entre Bolaños y Ortega? Lo menos que se podría esperar es que la bancada sandinista conozca, de primera mano, las acciones que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del mandato recibido por el pueblo nicaragüense en las elecciones pasadas, planea tomar en materia de leyes. Asimismo, es una oportunidad para que el Presidente de la República conozca las inquietudes de la oposición y poderlas tomar en cuenta a la hora de someter a consideración de la Asamblea Nacional alguna nueva iniciativa de ley.
Claro está que, al final de cuentas, es en la Asamblea Nacional donde se decide cuáles leyes deben pasar y cuáles no, y ahí está todavía por verse cómo responderán las bancadas mayoritarias —liberal y sandinista— a las iniciativas del presidente Bolaños. Lo lógico y conveniente sería que la bancada liberal le diera siempre su apoyo al presidente Bolaños, pero habiendo proyectos de ley que inevitablemente chocarán con los intereses personales del ex presidente Alemán, es probable que el Ejecutivo tenga que buscar apoyo en la bancada sandinista.
La amplia mayoría de 53 diputados con la que iniciaron los liberales se redujo ya a 49, al formarse la bancada azul y blanco, y existe la posibilidad de que se reduzca aún más si los 4 diputados de Camino Cristiano optan por la independencia. De suceder tal cosa, la bancada liberal quedaría reducida a 45, perdiendo así la mayoría necesaria para aprobar leyes que requieren una mayoría absoluta de 47 votos. Ante esa posibilidad, el Ejecutivo tiene que estar preparado para buscar el apoyo donde más le convenga.
Cabe, además, la posibilidad de que el presidente Bolaños tenga que buscar ese apoyo fuera de la Asamblea, porque es perfectamente posible que los intereses particulares y partidarios de Alemán y Ortega los lleven a unirse, nuevamente, en contra del Ejecutivo. Pero, por lo pronto, el presidente Bolaños hace muy bien en abrir y mantener canales de comunicación con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional.
Después de la reunión con Ortega, el presidente Bolaños afirmó que “no hay ningún arreglo ni pacto secreto, ni repacto de ninguna manera”. “Queremos —dijo— tener una Nicaragua pacífica, tranquila, que dé seguridad a los inversionistas, que nos dé seguridad a todos”. Ojalá que así sea. Es evidente que el pueblo nicaragüense está harto de pactos prebendarios. Lo que demanda de la clase política —gobernante y opositora— son acciones para el bienestar de la nación.
