- Decreto de 1979 obliga a devolver las dietas recibidas por todos los funcionarios, incluyendo al propio Bolaños
- Sólo Esteban Duque Estrada debería regresar unos dos millones y medio de córdobas
José Adán Silva [email protected]
El Gobierno ha dejado en un limbo legal la devolución a las arcas del Estado del dinero que, en concepto de dietas, se les pagó a funcionarios de la pasada y actual administración, incluyendo el presidente Enrique Bolaños, cuando formaban parte de juntas directivas de instituciones estatales, de acuerdo a un análisis que sobre la validez de las dietas hizo el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro.
Según Montenegro, todas las dietas que se pagaron durante la pasada administración fueron ilegales porque violaron el Decreto Ejecutivo número 57, “Suspensión de Dietas”, que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua emitió en La Gaceta, Diario Oficial, el 28 de agosto de 1979.
El caso de las dietas se reavivó a partir de la semana pasada, cuando el ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, se negó a recibir un cheque de 93 mil córdobas por dietas recibidas que el contralor Guillermo Argüello Poessy intentó devolver al reconocer la ilegalidad de esos pagos. Ante la negativa del gobierno, Arguello Poessy decidió donar el dinero a una causa social.
“Ya me pronuncié sobre ese asunto y no quisiera opinar más sobre el tema, sobre todo porque no hay una decisión de ningún Tribual que ordene devolver el dinero de las dietas. Sin embargo yo doné ese dinero a los niños con cáncer porque no quería seguir con una discusión estéril con el Estado sobre la legalidad de devolver o no las dietas, pero si me tocara tener que devolver otra vez ese dinero, no dudaría en hacerlo”, dijo Argüello Poessy.
HASTA EL COSEP SE PRONUNCIÓ
Durante la pasada administración, muchos funcionarios públicos, incluyendo el actual presidente Enrique Bolaños (cuando fue miembro de la junta directiva de Enel), recibieron dinero del Estado en concepto de dietas, aún estando vigente el decreto 57 de 1979.
Esto obligó a que incluso el fallecido presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Roberto Terán, pidiera al entonces candidato presidencial del PLC, Enrique Bolaños, que devolviera las dietas que recibió durante sus cuatro años de mandato como Vicepresidente de Nicaragua. “Sería muy interesante que el ingeniero Bolaños devolviera aunque fuera una parte de las dietas que recibió, sería muy interesante”, dijo Terán en abril del año pasado.
Durante la pasada administración se pagaron hasta 60 millones de córdobas por año en concepto de dietas a quienes formaron parte de las juntas directivas de instituciones y entes autónomos, quienes eran nombrados por decretos presidenciales al inicio de cada año.
Entre las 30 instituciones que tenían juntas directivas estaban el Banic, Enitel, Enacal, Aeropuertos, Telcor, Enel, Petronic, Cementera, Lotería Nacional, Iniser, INAA, INE, Banco Central, IDR, Superintendencia de Bancos, Zonas Francas, entre otras, las cuales pagaban entre 500 y 1,000 dólares a sus miembros por cada sesión.
Hubo varios funcionarios que formaban parte hasta de seis juntas directivas, entre ellos el propio ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, quien llegó a formar parte de las juntas de seis instituciones y reconoció públicamente que las dietas le “dobleteaban” su salario.
Si Duque Estrada asistió al menos una vez por mes a cada una de esas juntas debió haber recibido en los cinco años 180 mil dólares, o su equivalente: dos millones y medio de córdobas.
Otros que recibieron jugosos pagos en dietas fueron el ahora diputado Noel Ramírez, ex presidente del Banco Central, quien perteneció a cuatro juntas directivas; así como Agustín Alemán quien recibía pagos en tres juntas directivas, entre muchos más como René Herrera, Byron Jerez, etcétera.
En julio del año pasado, Duque Estrada justificó que la Ley de 1979 se hizo en un período “excepcional” y que las mismas leyes se derogaban de dos maneras: expresa o tácitamente.
En marzo del 2001 la CGR determinó que las dietas eran ilegales, pero las mismas se siguieron pagando a un ritmo de hasta cuatro veces por mes.
Sin embargo, el hecho de que el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no haya aceptado la devolución de las dietas que el contralor Argüello Poessy intentó regresar a las arcas del Estado de donde salieron, es para el Contralor Montenegro, “una aparente y censurable” protección del nuevo gobierno a anteriores y actuales funcionarios liberales que recibieron dietas ilegales.
“El gobierno sabe que de haber aceptado ese dinero, que legalmente le pertenece al Estado, hubiera sentado un precedente de que todos los que sirvieron en la pasada administración, y algunos de este nuevo gobierno, incluyendo ministros y diputados, tuvieran que devolver el dinero que se les pagó por dietas que estaban prohibidas desde 1979”, señaló Montenegro.
EL DECRETO VIOLADO
Las dietas que se pagaron durante las pasadas administraciones violaron el decreto número 57 de 1979, donde de manera clara y precisa se prohibió el pago de dietas.
Artículo 1: Quedan suspensos los pagos de dietas por parte del Estado, en concepto de asistencia a sesiones de Junta Directiva, de los Institutos de dominio Comercial e Industrial del Estado, entes autónomos y empresas confiscadas.
Artículo 2: La presente Ley es de orden público.
Artículo 3: En presente decreto entra en vigencia hoy (28 de agosto de 1979) desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva.
El decreto lo firmaron Violeta B. de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Moisés Hassan, Alfonso Robelo Callejas y Daniel Ortega Saavedra.
