Hace varias décadas, doña Adelita Cerda Macías, aprovechando la gran amistad que le unía con su vecina, doña Filomena Lovo, cruzó un día la calle que separaba sus casas, para pedirle un préstamo, que la señora le concedió sin pensarlo mucho, confiada como estaba de las buenas intenciones de la señora.
Hasta aquí, ambas familias (los Cerda y los Lovo) están de acuerdo en los pormenores de la historia. Pero sólo en eso, a tal punto que difieren en el monto de lo prestado (diez mil córdobas, según doña María Eugenia Calero Cerda, hija de doña Adelita, y veinte mil, según doña Filomena); así como en la fecha del préstamo, que doña María Eugenia sitúa en 1968, mientras doña Filomena lo ubica cerca de 1976.
Doña Filomena asegura que doña Adelita puso su casa en prenda por el préstamo, pero que al enterarse que no podría pagarle la deuda, le hizo efectiva la venta del inmueble. Poco después murió. Doña María Eugenia rechaza esa versión, y asegura que pagó todo el dinero, pero que no pidió recibos porque “nos unía una gran amistad”.
Aunque las dos versiones son totalmente opuestas, los abogados de doña Filomena convencieron a la justicia de que ella tenía la razón, de modo que la juez Mercedes Jirón, titular del Juzgado de Distrito de lo Civil de Estelí, ordenó unas seis veces el desalojo de doña María Eugenia, misión que hasta ahora se ha tornado imposible.
PN NO DESALOJA
La subcomisionada Miriam Marta Tórrez es la jefa de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional en Estelí, y tiene a su cargo las relaciones públicas de la institución en ese departamento.
Consultada respecto a las quejas de jueces y contendientes en los juzgados por lo que consideran falta de apoyo policial para efectuar los desalojos, la jefa policial recordó que no es obligación de los uniformados desalojar a nadie.
“Nuestra función es proteger a la persona del juez y su autoridad, no ir a sacar a nadie de su casa”, explicó.
