- Los tiempos en que los conflictos de propiedad se arreglaban a balazos y entre hombres, parecen haber quedado atrás en Estelí, donde ahora quienes batallan en los juzgados (y a veces hasta en la calle) son las mujeres, que han pasado así a tener un liderazgo impensado para este tipo de sociedad y de problemas.
Iván Olivares B.Adolfo Olivas [email protected]
El tema de la propiedad sigue siendo una de las asignaturas aplazadas de los últimos dos gobiernos, y prueba de ello son las ruinas del edificio que ocupara el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN, antes CDS), en el propio centro de Estelí. ¿Otra prueba más? Las 47 manzanas de tierra situadas en la entrada de la ciudad, que se disputan doña María Olimpia Rodríguez de Zamora y una pléyade de nuevos dueños.
En el primero de los casos, la Dra. Graciela González, una anciana de más de 80 años, marcó un hito al enfrentar y vencer legalmente al MCN, hasta el punto de lograr que un juez ordenara que le entregaran la casa que ocupa una de las esquinas del Parque Central, y autorizara su demolición.
Cuando todo parecía listo para que la victoria de doña Graciela fuera total, la situación tuvo un giro inesperado, porque la señora se adelantó a los hechos, y en vez de esperar las nueve de la mañana, hora fijada para que la juez Mercedes Jirón le entregara el inmueble, a las siete de la mañana ella dio luz verde a los 53 hombres que había contratado para que comenzaran a demoler lo que quedaba del edificio.
“Es que la Policía no iba a llegar para cumplir la orden de la juez”, dice convencida de que si no hubiera seguido ese curso de acción, el edificio aún estaría intacto, y la batalla legal continuaría eternamente, recordando que el tiempo es un lujo que ella no puede darse a su edad.
Pero tanto la juez Jirón como Josefa Hernández, presidenta municipal del MCN, coinciden al señalar que doña Graciela debió haber esperado. “Mi orden decía que la entrega se haría a las nueve de la mañana y tenía que hacerse así”, dijo la judicial, mientras Hernández asegura que “doña Graciela no podía adelantarse”.
Como en una tragedia griega, la Dra. González no pudo evitar el destino del que quería escaparse: la batalla legal continuará, pues el MCN introdujo una demanda por daños y perjuicios en contra suya, en la que reclama el pago de cerca de tres millones de córdobas, con una lista de precios aparentemente muy altos, que doña Josefa justificó recordando que la mayoría de sus posesiones eran donadas del extranjero, por lo que ellos estaban cobrándolos a precios europeos en la mayor parte de los casos.
Pero además, ambas partes han apelado por decisiones de la judicial Jirón que les afectan: en el caso del MCN, ellos apelaron de la resolución de entregar el inmueble a doña Graciela, mientras que ésta apeló la sentencia judicial de última hora de suspender la entrega de la casa hasta nuevo aviso.
CASO NÚMERO DOS: ¿YA ESTABA PAGADO?
Doña María Olimpia Rodríguez viuda de Zamora es una mujer de duro carácter que no se resigna a perder las fincas El Chiflón y Santa Elena, que heredó de su difunto esposo, don Salvador Zamora, y se metió a un berenjenal jurídico del que resultó con una orden de arresto domiciliar que no le quita el sueño.
“Yo entro y salgo de mi casa a la hora que me dé la gana. Salí del país y regresé cuando quise, y nadie puede detenerme”, exclamó orgullosa.
Su caso se remonta a principios del siglo XX, cuando los antepasados de su esposo compraron esas tierras, entonces consideradas rústicas por su lejanía del centro de la ciudad, pero que han sido “absorbidas” por ésta, luego de casi 100 años de expansión.
Un día de 1981 fue informada que estaban robándosele el ganado de la finca, por lo que salió corriendo junto a sus hijos, salvando sólo 17 de los 180 animales que pastaban en sus potreros, los que vendió de inmediato para evitarse más problemas y rescatar en efectivo lo más que fuera posible de su propiedad.
Asegura que pese a sus esfuerzos para que le devolvieran aunque sea la Finca Santa Elena, que tiene un alto valor sentimental para la familia, lo único que obtuvo durante la década del 90, fue la propuesta de que iban a entregarle bonos de indemnización, “pero esos papeles valían 25 centavos”, por lo que los rechazó.
ACUSADA DE ESTAFA
Inició entonces un pleito legal contra cinco de los nuevos “dueños” de sus tierras, y logró que un juez ordenara cancelar los asientos registrales que éstos habían hecho, con lo que creyó haber ganado su guerra particular, hasta que el juicio dio un nuevo giro: sus acusados la contraacusaron por estafa.
El grupo basó su alegato en que un juez de Managua, actuando bajo exhorto de la justicia esteliana, buscó y encontró en los archivos del Banco Central de Nicaragua, una copia microfilmada de un cheque por un millón y medio de córdobas librado a nombre de Olimpia Rodríguez de Zamora, fechado el 9 de agosto de 1984.
Al reverso de cheque se lee una firma que dice “M. Olimpia R. de Zamora”, rúbrica que doña María Olimpia desconoce. “Si falsifican dólares, ¿usted cree que no pueden falsificar mi firma?”, preguntó a la vez que insistía en que no asistirá al jurado que podría determinar su suerte, programado tentativamente para la semana que comienza hoy.
“No iré. Nadie puede sacarme de mi casa… y si tengo que ir… lo haré acompañada de cuatro guardaespaldas que voy a contratar en Managua, para que nadie me toque”, aseguró.
JUEZ CONVENCIDO
Para el juez Carlos Padilla, que dictó arresto domiciliar contra la Sra. Rodríguez, no hay duda de que ella sí recibió el dinero, el que según sus cálculos, ascendía entonces a unos 55,000 dólares. Basa su certeza en los microfilmes que vio, asegurando que son pruebas “indubitables”, pero también porque el abogado defensor nunca desvirtuó esa prueba.
Alcalá Zamora, hijo de doña Olimpia, considera ridículo que alguien crea que iban a contentarse con esa cantidad en pago por las dos fincas, “eran unos dos mil dólares al cambio de esa época”, asegura, aunque uno de los nuevos poseedores de la tierra no descarta que la señora sí haya cambiado el cheque a razón de 10 por 1 (tasa oficial de cambio en esa fecha), con lo que habría obtenido ciento cincuenta mil dólares por la propiedad en disputa.
