Marco A. Valle Martí[email protected]
La empresa privada tiene en las ganancias y/o en el aumento de la cuantía de las acciones, los indicadores de valor y éxito. Efectivamente, cualquier persona que emprende el camino de la inversión privada lo hace para ganar y, para ello debe esforzarse por crear el máximo de valor en el producto y/o servicio que ofrece a los y las consumidoras. El mercado envía mensajes al empresario “diciéndole” si lo que muestra está siendo o no bien recibido.
Simultáneamente, la empresa privada —que se bambolea entre la ganancia, punto de equilibrio, o la pérdida del patrimonio propio— define las funciones e indicadores de desempeño de cada funcionario, evaluando periódicamente si está o no ejerciendo bien su puesto. Igualmente, y teniendo como norte los indicadores de valor y éxito, toma las decisiones correspondientes, según los resultados de la evaluación. En fin, el empresario privado, que tiene el deber de cuidar y hacer rentable lo suyo, sabe que el cumplimiento de estas normas son claves, de lo contrario, cualquier día la competencia lo retira del mercado.
Mientras, en las instituciones de servicio público estas cuestiones no están del todo despejadas, surgiendo preguntas como: ¿cuáles son los indicadores de valor y éxito? ¿Les envía señales el mercado?, y ¿están definidos los indicadores de desempeño y se evalúa a los funcionarios? Éstas y otras interrogantes relacionadas con estas instituciones son importantes reseñarlas, ya que trabajan con dinero de los contribuyentes nacionales, o extranjeros. Aquí introducimos sólo la primera.
Pareciera que el monto de su valor y éxito está relacionado tanto con los hechos como con la percepción que la ciudadanía tiene del resultado de sus actividades, por ejemplo, más prevención en salud, más oportunidad y mejor calidad en educación, incremento del sentimiento de seguridad, mejoría en calidad de vida de campesinos, calles limpias, calidad de las elecciones, leyes ajustadas a las necesidades y realidad nacional, etc.
Pero, la experiencia demuestra que en Nicaragua, en muchos casos, se gastan millones de dólares que producen poco —o ningún— valor a la población. Uno de los problemas radica en la ausencia de aplicación de políticas de medición del desempeño. Aquí, lo normal es que el funcionario público perciba que no miden su desempeño, ni aprecie como suyo el “negocio” de lo público, ni sienta que puede perder patrimonio propio, a lo más que lo despidan. Por ello es que ciertos malversan bienes públicos, no escuchan la opinión de los y las “consumidoras”, efectuando determinado tipo de actividades, definiendo grupos metas, presupuesto y lugares de intervención, independientemente si la ciudadanía estima si son prioritarias o no. El “mercado” puede remitirle señales —en los medios de comunicación o en el sitio concreto— en una u otra dirección, pero siguen adelante, haciendo lo que creen que hay que hacer.
Ahora que se anuncia la apertura de una “nueva era”, hay que esforzarse por precisar las variables, dimensiones e indicadores de valor y éxito —y de desempeño de los funcionarios— así como evaluar a profundidad el impacto de los planes, programas y proyectos, teniendo en mente el bienestar de la población.
La opinión de los grupos meta y los donantes son una buena fuente de verificación.
El autor es consultor en seguridad pública.
