Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
Dirigentes del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) solicitaron al juez de Distrito del Crimen de Estelí, doctor Carlos Padilla, gire orden de captura contra la doctora Graciela González Molina y su sobrino Juan González, por la supuesta autoría de varios delitos en perjuicio de la organización comunitaria.
Los líderes comunitarios y la doctora González Molina se disputan el local que ocupa el MCN, ubicado frente al Parque Central de esta ciudad.
En la acusación interpuesta ante el Juzgado de Distrito del Crimen, el MCN pide capturar a la doctora González y a Juan González, por los supuestos delitos de “robo con fuerza, amenazas de muerte, lesiones, desacato a la autoridad, exposición de personas al peligro, violación de domicilio y asociación ilícita para delinquir”.
El pasado 18 de enero, la Juez de Distrito de lo Civil, Mercedes Jirón, tenía planificado presentarse al lugar para ejecutar la sentencia de desalojo, pero dos horas antes de su llegada, 50 hombres supuestamente contratados por la doctora González Molina, incursionaron en el inmueble y lo demolieron parcialmente.
Pobladores afines al Movimiento Comunal se enfrentaron a quienes demolían el edificio, y ambos bandos terminaron escenificando una batalla campal que requirió la intervención de fuerzas de la Policía Nacional.
“Nos causaron daños a la propiedad en todas y cada una de sus partes (piso, paredes, techo, puertas, ventanas, cañerías de agua potable, sistema de alumbrado eléctrico, etc.)”, afirma textualmente la acusación interpuesta por los dirigentes comunitarios Josefa Hernández y Migdonio Saldívar en contra de la doctora González Molina y su sobrino Juan.
La demanda también expresa que los hombres que demolieron el edificio destruyeron enseres domésticos, computadoras, cámaras filmadoras y otros bienes propiedad del Movimiento Comunal Nicaragüense.
Según expediente judicial, el extinto Comité de Defensa Sandinista (CDS), ahora Movimiento Comunal Nicaragüense, se apropió del local desde 1979, sin que éste haya sido intervenido o confiscado.
El edificio en litigio pertenecía a Ernestina Gallo de Meneses, de quien lo heredaron sus hijos Oscar y Nidia Meneses Gallo, que se lo vendieron a la doctora Graciela González Molina.
La dirigencia del Movimiento Comunal se negó a entregar la propiedad, por lo que la señora González Molina recurrió ante las instancias judiciales. El 23 de marzo del año pasado, la juez de Distrito de lo Civil, doctora Mercedes Jirón, emitió una sentencia a favor de Graciela González Molina, la que también fue confirmada por el Tribunal Regional de Apelaciones, pero ante la resistencia de la organización comunal, la entrega se frustró en varias ocasiones.
PROPIETARIA CONTRA «LAS TURBAS»
La doctora Graciela González Molina dijo que contestará la acusación que le hizo el Movimiento Comunal.
González señaló que tiene pruebas de que los hombres contratados para demoler el edificio dejaron intactos los bienes que había en su interior, y que si hubo saqueo fue de parte de las “turbas” que respaldaron al Movimiento Comunal.
“Yo no puedo aceptar semejante demanda, porque ciertamente yo no soy responsable, ya que todo quedó como estaba y las turbas que llevaron Migdonio Saldívar y Josefa Hernández, fueron las que quedaron en posesión del edificio y la misma Policía”, declaró.
