Ary Neil Pantoja [email protected]
Tres empleados que fueron despedidos del Consejo Supremo Electoral (CSE), introdujeron, a través del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una demanda en contra de este poder del Estado ante el Juzgado Laboral de Managua, exigiendo su reintegro inmediato, tras considerar que sus despidos carecen de fundamento y que, más bien, obedecen a motivaciones político-partidarias del área administrativa.
Giovanni Bravo Alegría, quien se desempeñaba como responsable del área de verificación y análisis del CSJ; María Luisa González Hurtado, operadora de laminado (elaboración de cédulas), y Oscar Díaz Salazar (conductor), rechazaron las liquidaciones “porque (aceptarlas) significaría estar conforme con el despido”, argumentaron los afectados.
Señalaron como causal de su demanda la aceptación por parte del Ministerio del Trabajo (Mitrab), de dar curso a las negociaciones del pliego de peticiones introducido por la Federación de Trabajadores del Consejo Supremo Electoral (Fedtracse).
Los afectados señalaron que están listas unas 20 liquidaciones más, y que algunos empleados las han aceptado. Sin embargo, hicieron un llamado a las personas despedidas a no aceptar ese dinero en concepto de liquidación, por cuanto aún no hay nada definitivo sobre el “pliego petitorio” que ya fue enviado por el Mitrab a la Dirección de Conciliación “para su inmediata negociación”.
SUSPENDEN HUELGA
Por su parte, los representantes sindicales orientaron a los Sindicatos de Trabajadores del Consejo Supremo Electoral, departamentales y regionales (Sitracse), suspender la huelga de brazos caídos que mantenía hasta ayer, “en protesta por los despidos masivos que de manera ilegal y arbitraria ha ejecutado la administración del CSE”, señala un comunicado de Fedtracse.
La suspensión se da en vista que el Ministerio del Trabajo aceptó la negociación del pliego petitorio de los trabajadores.
Los últimos tres empleados despedidos, Bravo Alegría, González Hurtado y Díaz Salazar demandaron su inmediato reintegro en tanto estén en marcha las negociaciones. Señalan en su demanda que sus despidos, al igual que los de otros empleados, son ilegales por tratarse de “motivaciones políticas de los partidos FSLN y PLC que se han repartido los cargos”.
El “pliego petitorio” de los sindicatos establece una negociación sobre el convenio colectivo y sobre la posibilidad de una reforma que favorezca a los trabajadores y les garantice estabilidad laboral.
