Luis Sánchez Sancho [email protected]
Durante los últimos días, sobre todo ayer, al efectuarse el cambio de Presidente de la República, toda la parte central de Managua ha estado sometida a un régimen extraordinario de seguridad policial y militar, prácticamente como bajo Estado de Sitio.
Es comprensible que se apliquen medidas especiales de seguridad en ocasiones como ésta, sobre todo por la visita de gobernantes y otros dignatarios extranjeros. Sin embargo, esas medidas son terriblemente fastidiosas para los supuestos soberanos del sistema democrático —es decir, los ciudadanos—, y particularmente para quienes por obligación tienen que circular en las zonas cerradas o restringidas, o que residen en ellas y en sus cercanías.
Según la Constitución (artículo 31), “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional…” Lógicamente, este derecho no es absoluto, pues, como también se dice en la Constitución (artículo 24): “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”.
Ahora bien, aunque no estoy claro de que el derecho de los gobernantes a proteger sus ceremonias y celebraciones concuerde con los preceptos constitucionales sobre “la seguridad de todos” y “las justas exigencias del bien común”, comprendo y acepto —¡qué remedio!— que en esta ocasión se restringiera el acceso al Estadio Nacional y a los hoteles que alojan a las personalidades extranjeras, y aun la circulación por las calles aledañas. En realidad, no se debe permitir que ningún revoltoso se acerque a tales lugares para tratar de hacer protestas y provocar disturbios de cualquier clase. Pero, ¿por qué molestar a las personas comunes y corrientes y cerrar al público la circulación sobre calles y avenidas que están lejos del Estadio y de los otros sitios calificados como de “alta seguridad”?
Según mi opinión, la causa de esa exageración de las medidas de seguridad es el afán compulsivo de quienes tienen el poder, de exhibirlo arrogantemente y restregarlo en la cara de los de abajo, y por supuesto, demuestra la falta de una tradición cívica y genuinamente democrática en la sociedad nicaragüense. Algunas personas todavía recuerdan que el fundador de la dictadura dinástica somocista, general Anastasio Somoza García (1896-1956), decía que “el poder es para joder” (es decir, molestar, fastidiar, en el sentido nicaragüense de esa palabra malsonante). A mí, un arrogante comandante de la revolución sandinista me espetó en una ocasión que “el poder se tiene para ejercerlo”. Y después del intervalo del agradable estilo de la presidenta Violeta B. de Chamorro, a quien no le gustaba jactarse del poder y mucho menos fastidiar a los ciudadanos de a pie con las famosas medidas de seguridad, el presidente Arnoldo Alemán volvió a imponer la prepotencia de la protección de los capos gubernamentales, y de su propia seguridad presidencial, derivada al parecer de problemas de personalidad y de la paranoia del poder.
Pero ojalá que después de la fastidiosa exageración de las medidas de seguridad contra los ciudadanos, y de las injustificables limitaciones a los periodistas que hubo durante la inauguración del gobierno de don Enrique Bolaños, éste establezca la sana práctica de gobernar con discreción y transparencia, y que suprima o por lo menos disminuya los odiosos alardes de poder que intimidan a la población y enemistan al gobernante con los gobernados.
