Marco A. Valle Martínez [email protected]
El éxito que en el decomiso de drogas ilícitas tuvo la Policía Nacional sobre las redes internacionales el año pasado y la cantidad de las mismas, es una campanada de alerta que comunica que las drogas están empezando a penetrar por todo el territorio nacional. Si hace unos años las drogas eran problema en Managua, la Costa del Caribe y las rutas de narcotráfico internacional, hoy todos los departamentos del país —unos más, otros menos— están afectados por drogas ilícitas.
Igualmente, el trabajo Policía-comunidad que realiza dicha institución, la frecuencia y distribución geográfica en que aparecen los hechos de drogas en los medios de comunicación, y el 10% de niñas y niños que —en un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos— declararon estar afectados por la drogadicción, corroboran su expansión.
Mundialmente, las drogas ilícitas como problema social es reciente. Es en el siglo XX que los gobiernos empiezan a colaborar en el control y fiscalización de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, ya sean extraídas de plantas (vegetales, naturales), sintéticas (a través de proceso de síntesis química), y semisintéticas, en cuya elaboración se utilizan precursores naturales.
La Conferencia de Shangai en 1909, que reunió Estados Unidos con diversos países europeos para revisar el tráfico del opio, puede situarse como el primer paso multilateral destinado a crear un sistema internacional de fiscalización de drogas. Actualmente, entre otros, son hitos del trabajo de Naciones Unidas, la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena en 1988 y, el Programa de Acción de 1990. En América Latina es importante la creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en 1986.
Aunque es bastante difícil conocer la cifra de consumo, se estima a nivel mundial en 180 millones de personas, o sea el 4.2% de la población de 15 años o más. En tanto, un informe norteamericano del año 2000 expresa que causan la muerte de 52,000 estadounidenses cada año, y el costo del problema asciende a US$110,000 millones al año, mientras el consumo de drogas por personas de 12 años o más se calcula en cerca de 13.9 millones de personas, o sea, el 6.4 por ciento de la población. Asimismo, en 1993 los costos totales de las actividades ilegales en Colombia, donde la mayor parte está referida a drogas, representaron el 15.1% del PIB. Entretanto, en América Central todavía no se tienen estimaciones estadísticas sobre el consumo, mortalidad y morbilidad, lo mismo que sobre el impacto distorsionante en las finanzas, inversión, empleo y, diversos sectores e instituciones nacionales.
Las drogas ilícitas —que están cruzando Nicaragua— constituyen un problema social que tiene varias aristas, no sólo policial. Es local, nacional, e internacional. Su abordaje exige un enfoque preventivo integral, siendo indispensable la participación del gobierno central, Asamblea Nacional y la comunidad, tanto sobre la oferta como la demanda. Ningún estrato social ni sector económico ni edad están libres de drogas; desde la familia rica a la pobre pueden ser víctimas.
Su caso puede ser el próximo. ¡Cuidado!
El autor es Consultor en Seguridad Pública.
