¿Cambio en la solución de nuestras crisis políticas?

Emilio Alvarez Montalván

Ahora que se avecina un nuevo gobierno es bueno recordar los errores cometidos para no reincidir en ellos. En ese sentido, quienes hemos leído, escuchado o vivido la historia nicaragüense, aprendimos que las luchas por el poder solían resolverse, hasta hace apenas doce años, ya sea por guerra civil rematada en dictadura o bien, por pactos políticos entre caudillos, facilitando así la impunidad del funcionario corrupto. Como una tercera alternativa, gobierno u oposición solicitaban la intervención extranjera para acceder al poder o mantenerse en él.

Un ejemplo de la primera variedad se produjo en 1893, cuando al reelegirse Roberto Sacasa el conservatismo granadino se rebeló dando un cuartelazo, decisión que lamentaría poco después, al perder aquella élite oriental el control de la revolución que había desatado. En efecto Zelaya impuso una dictadura sin someterse nunca a comicios directos, pues era electo por Constituyentes sumisas (1893, 1896, 1906).

El segundo recurso para corregir una crónica inestabilidad fue empleado durante 20 años (1912-1932) al regirse el gobierno de aquella época por disposiciones del Departamento de Estado, actuando éste por invitación de un Ejecutivo débil, dividido en facciones irreconciliables y necesitado de una fuerza extranjera para gobernar. Fue así como el presidente Díaz solicitó en dos ocasiones (1912, 1925) por la intervención armada de los EE.UU., actitud apoyada después por Moncada, al aceptar éste que los “marines” sirvieran de árbitro electoral en dos oportunidades (1928, 1932).

La tercera manera de controlar crisis políticas la practicó la familia Somoza al pactar (1939, 1948, 1950, 1971) con el Partido Conservador, entonces el mayoritario de la oposición. Con ello logró la dinastía colaboradores del continuismo dictatorial y estabilidad del sistema, con cierto desarrollo económico. A cambio, el conservatismo recibió garantías individuales, legalización como partido y un porcentaje de curules. Con el tiempo (2000) repitieron el PLC y el FSLN la maniobra, con el pretexto de conseguir gobernabilidad. Ese arreglo les permitió copar la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral y Contraloría General de la República politizando así los poderes públicos y dando luz verde a la venalidad a todos los niveles, como sucedió con las quiebras bancarias fraudulentas.

Esas acciones antidemocráticas y cortoplacistas, que revelan inoperancia de nuestras instituciones y mediocridad de la clase política, pareciera que empiezan a corregirse. Recientemente la sala constitucional de la CSJ, rechazó por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por el FSLN contra el CSE sin el chantaje de actos violentos, ni encerrona de caudillos o intervención extranjera, sino por sentencia conforme a derecho, aceptada por todos.

En esa línea de mutación cultural, debe inscribirse las intachables elecciones del 4 de noviembre del 2000 (la tercera en línea), lo mismo que el mantenimiento de una irrestricta libertad de prensa e igualmente, la extensa participación de la sociedad civil creando ONG y denunciando la malversación de fondos públicos. Finalmente el clima de paz permitió la ejecución de un amplio programa de infraestructura y el comienzo de inversiones extranjeras.

No obstante, falta mucho en el camino hacia la democracia, a saber: atención a la miseria y funcionamiento de una justicia eficaz y transparente que castigue a los culpables. Sin embargo es evidente que el aumento de la producción es esencial para corregir los desajustes. No obstante es seguro que en el futuro, las crisis no se darán por conflictos entre los grupos políticos, sino por fuertes demandas sociales de los mayoritarios sectores de desposeídos.

Desde esa perspectiva, tres elementos ayudarían al éxito del nuevo gobierno. Primero una eficaz coordinación entre la Asamblea Nacional y el presidente Bolaños, pues ya es tiempo que tengamos una visión de país. Luego, que los temas sociales se traten apartando intereses de facción, y finalmente, que haya transparencia en los negocios del Estado. Sólo así conseguiríamos respeto y colaboración de la comunidad internacional para aliviar nuestros problemas.

El autor es analista político.  

Editorial
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